Este lunes, durante una nueva audiencia del megajuicio contra Walter Bento, la lupa estuvo puesta en los presuntos lujos de la vivienda familiar del destituido juez federal en el barrio Palmares.

El efectivo que lideró el allanamiento en el domicilio particular ubicado en el complejo privado de Godoy Cruz, realizado el 5 de mayo de 2021, y una ex empleada de confianza de la familia Bento fueron indagados por los fiscales y la defensa del ex magistrado sobre las características de la propiedad.

El subcomisario Osvaldo Araujo, el actual jefe de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, estuvo a cargo del operativo realizado hace casi cuatro años en Palmares. En su relato ante las juezas del Tribunal Oral Federal 2, reconoció que le pidieron un “informe in situ sobre bienes suntuosos” de la vivienda. Así las cosas, contó que el personal a su cargo halló computadoras, teléfonos en desuso, dinero, un reloj marca Rolex, cuatro vehículos, cinco bicicletas que calificó como “caras” y una particular escultura en el interior de la mansión.

“Llamó la atención cuestiones vinculadas a lo suntuoso, al lujo. En la cochera había bicicletas muy caras, colgadas en una especie de repisa. Una de ellas hoy en día debe valer 3 millones de pesos”, aseguró Araujo. “También había una escultura de acero de más de dos metros. Nunca había visto una escultura así dentro de una casa”, destacó, describiendo la forma de la obra como “una imagen similar a la virgen” ubicada en los accesos Sur y Este.

El jefe policial también resaltó el nivel de la cava subterránea con aproximadamente 50 botellas de vino y del gimnasio ubicado en un piso superior, el tamaño de la puerta de ingreso y de los sillones, y la cantidad de televisores distribuidos en diferentes sectores de la propiedad: nueve en total. “Hasta el gimnasio tenía televisor. Estaba todo alfombrado, con máquinas muy modernas”, expresó.

Araujo resaltó el buen trato recibido por la familia Bento durante el allanamiento. “No secuestramos documentación. Sólo los teléfonos, notebooks, un CPU y dinero. En relación con el Rolex, comunicamos la novedad y se dispuso que no fuera secuestrado”, añadió. Las órdenes provenían de Ivana Aramendi, secretaria del Juzgado Federal 3, y del titular del Juzgado Federal de San Rafael, Eduardo Puigdengolas.

El momento de mayor tensión del operativo fue cuando se solicitó a Bento y a su esposa, Marta Boiza, que entregaran sus teléfonos celulares. El removido juez, procesado como presunto líder de una asociación ilícita dedicada a cobrar coimas a contrabandistas y narcotraficantes presos a cambio de beneficios judiciales y actualmente preso en la cárcel federal de Cacheuta, se negó.

Araujo señaló que Bento le dijo que por su condición de juez sabía que podía producirse una medida judicial en su casa y que el celular estaba en manos de su abogado. “Le recordé que estaba de turno y que por lo menos tenía que tener consigo el teléfono oficial. Me manifestó que no tenía más nada que decir del teléfono”, declaró el policía.

Tras elevar esa información a Puidgengolas, el magistrado a cargo de la causa ordenó que se le realizara una requisa a Bento y a su mujer. El resultado fue negativo.

La justificación de Bento a la hora de plantear su defensa fue que se negó a entregar el celular porque el aparato era suyo. Sin embargo, la línea asignada siempre estuvo a nombre del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Cuando era sometido a un juicio político, que finalmente concluyó en su destitución por mal desempeño, el ex juez declaró: “El día del allanamiento me solicitaron mi teléfono personal, que no me fue suministrado ni por el Concejo ni por la Corte, donde tengo conversaciones y fotos familiares, conversaciones con colegas, vinculadas a cuestiones electorales, generalmente. Imagínese que si de un teléfono en desuso de mi esposa sacaron tres fotos para atribuirme faltas al decoro y mal desempeño, qué hubiera pasado si entregaba mi teléfono personal. Hay derechos que me asisten, pero yo me presente a colaborar antes de la imputación”.

Luego declaró una testigo que trabajó en la casa de la familia Bento y cuya principal tarea era la de cuidar a Facundo, uno de los hijos del ex magistrado que padece una discapacidad motriz, entre otros trastornos de salud.

La empleada, que vivía en la propiedad del barrio Palmares desde el lunes a primera hora hasta el sábado al mediodía, contestó preguntas sobre el estilo de vida de los Bento: desde los viajes al exterior, principalmente Miami, a la escasa actividad social de la familia.

“Para las vacaciones generalmente viajaba toda la familia. Iban mucho a Disney, Facundo tiene una fascinación por Mickey”, señaló la trabajadora. Además subrayó que existieron viajes a Las Vegas, Europa y México, y que en Miami se alojaban en un departamento: “Por los comentarios, no era propiedad de ellos. Era de una persona que se los facilitaba, no recuerdo su nombre”, aclaró.

La mujer también se refirió a la “escultura de metal” que llamó la atención de los policías que realizaron el allanamiento. Manifestó que era una obra de arte moderno y que “para nada” se parece a una virgen.

Por otra parte, pese a que presuntamente Bento admitió frente a los efectivos la posibilidad de un allanamiento en su domicilio, la empleada dijo que “por supuesto” el removido juez se sorprendió cuando llegaron los policías.

En ese momento, agregó la trabajadora, tanto Bento como Boiza “estaban durmiendo”.

Testigo esposado

La primera declaración de la jornada estuvo a cargo de Ángel Gustavo Bastías, un policía retirado que llegó esposado al edificio de los Tribunales Federales ya que recientemente fue detenido como uno de los sospechosos de participar en la desaparición forzada de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, el 28 de abril de 1990 en el Parque General San Martín.

Bastías fue convocado como testigo ya que es uno de los responsables de la seguridad del barrio Dalvian, donde viven los hijos de Diego Aliaga, el ex despachante de aduanas e informante policial asesinado en julio de 2020.

Los investigadores sospechan que Aliaga mantenía contacto con delincuentes, sus abogados y pedía los sobornos para que luego recibieran beneficios en el Juzgado Federal Nº1 de Mendoza, que hasta noviembre de 2023 estuvo a cargo de Bento.

En tal sentido, una de las pruebas más importantes de los fiscales para sostener la acusación y confirmar que existía relación de confianza entre ellos es que Aliaga tuvo en su poder una camioneta de Bento.

Bastías fue indagado sobre el mecanismo de identificación de las personas (residentes y visitantes) que ingresan al Dalvian. Las preguntas apuntaron básicamente al uso de una VW Amarok que estaba a nombre de Bento y era conducida por uno de los hijos de Aliaga.