En un lapso de dos meses, 1.500 alumnos de todos los niveles del Normal (de Ciudad) han tenido que ser evacuados 35 veces por amenazas de bombas. Por ello, se ha iniciado una demanda penal que pasó a la Fiscalía de Delitos Complejos, este lunes. Además, el culpable deberá pagar cerca de tres mil pesos por llamado al Gobierno por los gastos sólo de Seguridad.

En un principio los llamados los recibía el colegio secundario y posteriormente comenzaron a llegar al 911. Cada llamado implica la movilización del escuadrón antibomba, policía, ambulancia y preventores, entre otros organismos y, además de interrumpir el cursado de clases de los estudiantes, perjudica la libre circulación de los ciudadanos que se movilizan por las calles que rodean esos establecimiento. De esta manera se lo ha caratulado como “atentado al orden público” y el culpable deberá enfrentar una causa penal.

Alejandro Gil, subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, comentó a El Sol que hay 31 causas y que solicitaron a la Justicia que se unifiquen y pasen a manos de la Fiscalía de Delitos Complejos para agilizar la investigación.

“Esto ya no se consideran falsas llamadas, es mucho más grave porque el daño que le están causando a la comunidad en general es severo. La investigación está avanzada y una vez que se detecte el culpable, si es mayor de 16 años, deberá enfrentar una causa penal”, dijo Gil, quien añadió que en el caso de que se trate de menores de esa edad se demandará a los padres.

Cada amenaza implica un gasto de aproximadamente tres mil pesos sólo en Seguridad, detalló el funcionario. Así, quién o quienes han realizado los 35 llamados deberían abonar 105.000 pesos hasta el momento.

Los padres de los alumnos están muy molestos, sobre todos los papás que tienen hijos en el nivel primario ya que con cada evacuación los más pequeños sufren diferentes riesgos. Además, durante la semana pasada, los docentes han terminado dictando clase en la plaza Independencia para que los pequeños no sigan atrasándose en sus estudios.

El viernes pasado, un grupo de cinco padres se reunió con Andrés Cazabán, a quien desde el Gobierno le encargaron que se ocupe personalmente del tema. En la reunión, el funcionario le hizo tres promesas a los papás: sanciones penales para el o los culpables, reforzar la seguridad en la zona y recuperar las clases perdidas.

Sin embargo, los padres no están conformes con las actuaciones que vienen realizando las diferentes áreas encargadas de solucionar el tema. Y han decidido realizar un nuevo corte de calle el martes a las 17 en la intersección de Patricias Mendocinas y Rivadavia.