La crisis de Impsa no soportó los tiempos del gobierno nacional para avanzar en el proceso de venta de acciones estatales y precipitó en una huelga de sus operarios; básicamente, por los problemas de liquidez de la empresa, que ya no puede ni asegurar el pago de los salarios.
El primer indicio lo tuvo la Casa Rosada cuando se hizo la apertura de sobres con los interesado en quedarse con el casi 85% del paquete accionario, que actualmente está en manos de la Nación y de la Provincia, repartidos respectivamente en 63,7% y 21,2%. En ese acto, sólo una firma mostró reales intenciones de capitalizar la empresa por aproximadamente 25 millones de dólares; número mágico para mantener a la compañía a flote y operativa, pero insuficiente para hacerse cargo del lastre que arrastra la ex Pescarmona desde hace varios años.
Se trata de ARC Energy, cara visible de una alianza con un grupo inversor que, a mediados de año, se acercó para averiguar cuáles eran las condiciones de la firma que pretendía adquirir.
Después de ARC Energy, nada de nada. Por más que buscaron, no apareció ninguna otra oferta. Y atrás quedaron las declaraciones de los funcionarios nacionales que jugaban al misterio con el supuesto interés de empresarios brasileños, alemanes e, incluso, un holding argentino.
En el plan original, la semana que viene se tendría que estar firmando el contrato para el traspaso accionario. La oferta de la empresa estadounidense (y donde también participarían fondos venezolanos) fue tan hostil que el Gobierno no pudo tomar otra decisión más que dilatar la negociación y prorrogar los plazos, sin una fecha límite.
Empleados de IMPSA no ingresarán a trabajar en el día de hoy. Aseguran que hay retrasos en los pagos de los sueldos. Tampoco saben si cobrarán aguinaldo y nadie les da una respuesta. Aseguran que hay mucha incertidumbre sobre la situación a futuro de los empleados. @LVDiez pic.twitter.com/CyEI0S5EQz
— Mailen (@MailenSanchez5) December 6, 2024
La realidad que es que, más allá de lo que reflejan los números de la macroeconomía, Argentina aún no es un país tentador. O, en el código libertario, los de afuera todavía no la ven. Y la intención de mostrar a Impsa como la primera firma estatal privatizada por la gestión de Javier Milei se está convirtiendo en una frustración. No solo eso: hay que seguir pagando sueldos.
Que avance o no el proceso no tiene que ver con el dinero que tiene que poner ARC Energy. Ese monto, en el mundo energético no es marginal, pero tampoco una fortuna.
El problema es que la salud financiera de la compañía hace que regalada sea cara. Y nadie quiere hacerse cargo de una empresa que tiene deudas por casi 600 millones de dólares y que en menos de un año ya ha perdido otros 56 mil millones de pesos de patrimonio. Y, para hacerlo, pone condiciones duras. Es ahí donde al Ejecutivo nacional le cruje todo. Porque aceptar los planteos de los inversores es seguir involucrando al Estado. Por ejemplo, garantizar contratos con el Ministerio de Defensa.
En el medio de la historia ha quedado la Provincia, que en 2021 mordió el anzuelo cuando Alberto Fernández ofreció a Rodolfo Suarez participar del proceso de salvataje porque, supuestamente, no iba a hacer falta poner un peso. En teoría, todo el dinero iba a salir de la Nación, y de ese modo se iba a rescatar de una quiebra segura a una corporación cuyos dueños tomaron malas decisiones empresariales y coquetearon durante años con los gobiernos más corruptos de la región.
En menos de una década, Impsa pasó de ser la nave insignia de la industria mendocina a un Titanic que, a pesar de los esfuerzos, parece tener su destino marcado.
En tres años, la Provincia pasó de no poner una moneda a tener un problema en puerta, porque los más de 700 empleados que están en plan de lucha porque nadie puede garantizarles el salario están a mil kilómetros de donde toman o dejan de tomar decisiones. Y porque la crisis que está a punto de explotar va a detonar acá nomás; en el carril Rodríguez Peña, en Godoy Cruz, Mendoza.