Walter Ricardo Bento llegó al edificio de los Tribunales federales de calle España pasadas las 8 de este miércoles con su esposa y los dos hijos. Sólo dijo “buen día” y esperó paciente sentado en primera fila, con los brazos cruzados. El juez federal con competencia federal suspendido por presunto cobro de sobornos para morigerar la situación procesal de presos con gran poder adquisitivo comenzó a ser juzgado este miércoles en la megacausa bautizada como Bentogate.
Marta Boiza, y sus hijos Nahuel y Luciano, también procesados pero por lavado de dinero de origen delictivo, se sentaron junto a él en la sala de debate ubicada en el primer piso de tradicional edificio de Ciudad. Hubo poca interacción verbal entre ellos.
Otros 28 imputados, algunos privados de la libertad siguiendo la transmisión online desde la cárcel federal de Cacheuta, también comenzaron a escuchar la lectura del requerimiento de elevación a juicio que desarrolló la fiscalía, representada por el fiscal general Dante Vega y la fiscal de Cámara María Gloria André. La sala acondicionada para la ocasión estuvo repleta y el silencio era “abrumador”, tal como describieron algunos de los presentes.
En pocas palabras, la secretaria del Tribunal Oral Federal Nº2 de Mendoza, Ana Paula Zavattieri, empezó a revelar cuáles son las pruebas que motivaron la presencia de todos los acusados en el banquillo, las que fueron trabajadas y estudiadas durante más de dos años por el Ministerio Público.
“Es lo que estábamos esperando”, le dijo a todo el mundo Nahuel Bento antes de pasar por el detector de metales de la planta baja. La jornada federal fue extensa: empezó exactamente a las 9.28 y culminó a las 16.25, cuando se frenó la lectura en la página 120.
En el medio, hubo tres cuartos intermedios. Este jueves, la mecánica diseñada por el tribunal presidido por Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereira, será la misma. Continuarán dando lectura a través de secretaría de la citación a debate y eso será todo. Las primeras declaraciones testimoniales serían recién a fines de agosto y principios de setiembre.
Uno de los datos más importantes de la jornada la dio la propia defensa de Bento antes de ingresar a la sala, representada por los abogados Gustavo Gazali, Mariano Fragueiro y Felipe Salvarezza.
Detallaron que el magistrado apartado de su cargo el 31 de mayo por el Consejo de Magistratura declarará en el juicio para responder preguntas de las partes. Esto incluye a la fiscalía. Gazali, en charla con LV10 antes de iniciado el proceso, aseguró estaban esperando el debate para poder ejercer la defensa, debido a que antes no habían tenido la oportunidad de hacerlo, denunció.
Fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que la idea es “atacar toda la prueba” que asegura tener la fiscalía, la que se comenzó a exponerse desde abierto el debate oral.
Esto podría “sumarle” al debate varias jornadas. El juez Bento tiene pensado hablar “varias horas” para sostener su inocencia, comentaron en charla con este diario. No está definida la fecha para esa audiencia específica, pero podría ser en las primeras jornadas de declaración de testigos, una vez finalizada la lectura de todo el requerimiento.
En resumen, este miércoles se presentó ante las partes el requerimiento que expuso detalladamente las pruebas recopiladas en la extensa investigación (tiene 50 cuerpos) relacionada con una asociación ilícita dedicada a la comisión de diversos delitos, que al parecer estaba liderada por el juez federal Bento. La estructura del dictamen está basada en cinco partes principales.
En primer lugar, abordaron todo lo referido a la asociación ilícita y a los sospechosos que supuestamente están involucrados en la trama delictiva. Se detallaron sus roles y responsabilidades dentro de la organización.
Asimismo, se describieron en profundidad la modalidad y ámbito de actuación desde quien sería el principal responsable, Walter Bento, destacando el modus operandi utilizado para llevar a cabo sus actividades criminales.
Así fue que mencionaron a los principales procesados, además del magistrado que conserva sus fueros. Se trata del fallecido Diego Alfredo Aliaga –asesinado en julio del 2020) y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba, marcados como organizadores.
Por su parte, para la fiscalía, el grupo tenía otros miembros, como los letrados Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti, el comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti y a Walter Bardinella Donoso, el narco cuyo teléfono permitió conocer que existía una red dedicada a sacar presos a cambio de miles de dólares en coimas.
Para este jueves, está previsto que la secretaría continúe leyendo la citación a debate (tiene 643 páginas en total), enfocada más en todo lo referido al pago de las coimas, lo que está destacado en el escrito como “segunda parte”. Los cohechos pasivos endilgados al juez llegan a un total de 15.
El llamado Bentogate tiene, en total, 32 procesados. Entre ellos aparecen los que forman parte de la asociación ilícita, los que pagaron coimas y los que están acusados de delitos económicos, tales de cómo enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Todo siempre direccionado a beneficiar a ciertos detenidos para cambiar calificaciones y así lograr excarcelaciones.