El Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad este jueves que el expediente del juez federal Walter Bento pase de la Comisión de Disciplina a la de Acusación. Este había sido un pedido expreso del diputado Pablo Tonelli para poder avanzar en el proceso que sigue el organismo que controla a los magistrados y de ese modo solicitar la suspensión del juez imputado y procesado por liderar una banda que cobraba coimas a cambio de beneficios judiciales.
La decisión se tomó luego de la insistencia de Tonelli a la senadora kirchnerista, María Inés Pilatti Vergara, que se negaba a darle curso al expediente 79/2021 a la comisión que debía seguir con la instrucción dentro del Consejo. El reclamo había sido reiterado, pero ante la negativa de la legisladora chaqueña se especuló con que se trataba de una maniobra dilatoria para que el juez pudiese ganar tiempo.
Del mismo modo, la intención es comunicar lo antes posible esta situación a Bento, procesado como presunto líder de asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y darle la posibilidad de presentar una defensa o un descargo antes de que se evalúe su suspensión.
Cómo sigue el proceso
Con el expediente del Bentogate en Acusación, ahora Tonelli buscará que el juez federal de Mendoza comparezca ante los consejeros. En busca de ese objetivo, ya elaboró un proyecto de notificación que debe ser aprobado por los integrantes de dicha comisión, que se reunirán el próximo jueves para analizar el caso.
Recién cuando se apruebe su requerimiento, Tonelli estará en condiciones de enviarle la citación a Bento a través de un oficio que “deberá contener una sintética relación de los hechos imputados, la calificación provisional de su conducta como falta disciplinaria o causal de remoción, y la exposición de las pruebas obrantes en el expediente que serán puestas a disposición del magistrado”.
Luego, el juez federal tendrá diez días para preparar su defensa, que podrá presentar personalmente o por escrito.
La convocatoria de Bento se enmarca en la resolución 98/2007 del Consejo de la Magistratura, que estableció el Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación. En su artículo 20, se destaca que en caso de una citación, “se oirá al magistrado denunciado, para lo cual se procederá a fijar día y hora para su comparecencia”.
El proyecto de notificación elaborado por Tonelli detalla cronológicamente, en 74 carillas, los hechos que provocaron la imputación y procesamiento con prisión preventiva de Bento, que no está preso sólo porque sus fueros lo protegen.
La audiencia donde Bento podrá defenderse de las fuertes acusaciones aún no tiene fecha. El magistrado también está habilitado para solicitar la producción de nuevas pruebas “cuando éstas se refieran a hechos nuevos o a situaciones no conocidas por él”, pero la Comisión podrá “no admitir las que fueren manifiestamente improcedentes o meramente dilatorias”. Y dicha resolución será inapelable.
En cambio, si se acepta la realización de nuevas medidas de prueba, Bento tendría tres días “para alegar por escrito respecto de su contenido”.
Cumplido ese plazo, presente o no Bento su defensa, Tonelli contará con 20 días para elaborar un proyecto de dictamen para proponer al plenario del Consejo la desestimación de la denuncia, la imposición de una sanción disciplinaria o la apertura del procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento.
La última opción está acompañada por la suspensión del magistrado, “designando los encargados de llevar el caso ante el Jurado de Enjuiciamiento”. Ese dictamen “deberá pronunciarse sobre cada uno de los cargos y acompañar los anexos con todos los antecedentes”.
Si Bento presenta su renuncia y el Poder Ejecutivo la acepta, se archivará el caso. En cambio, si el procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados avanza, “el fallo que decida la destitución deberá emitirse con mayoría de dos tercios de sus miembros”.
