El Gobierno de Alfredo Cornejo rechazó un recurso presentado por Omar Felipe Alcalde, presidente de la Asociación Mutual del Personal Policial (A.MU.P.POL), contra los aumentos salariales dispuestos en el Decreto N.º 332/24. El reclamo cuestiona la legalidad del incremento en el suplemento por mantenimiento de indumentaria, que según el denunciante, constituye un aumento “en negro” y va en contra del marco normativo vigente.
El reclamo giraba en torno a la suba del suplemento del 2,5% al 8%, junto con un pago adicional de $200.000 en dos cuotas, que el dirigente calificó de inconstitucional y discriminatorio. El decreto cuenta con la firma del presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.
No obstante, el Ministerio de Seguridad y Justicia, junto con Asesoría de Gobierno, argumentó que la naturaleza no remunerativa del ítem ya estaba establecida en las leyes N.º 6722 y N.º 7493, por lo que no se configuraba ninguna irregularidad.
Además, el Gobierno destacó que este tipo de ítems están destinados exclusivamente al personal “operativo” en actividad, es decir, aquellos que efectivamente prestan servicio y requieren de uniformes y otros elementos provistos por el Estado.
“El decreto no se ha desvinculado del orden legal vigente“, subrayó el documento, indicando que no existen fundamentos sólidos para declarar la norma como inconstitucional o arbitraria.
En el Decreto N.º 2978, firmado el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo provincial resolvió aceptar el recurso en lo formal, pero rechazarlo en lo sustancial, sosteniendo que el decreto impugnado no se aparta del orden legal vigente. Además, se dejó constancia de que la resolución agota la instancia administrativa y que el recurrente puede acudir a la justicia en un plazo de 30 días.
La controversia surge en un contexto de creciente malestar dentro de la fuerza policial, que en los últimos años ha reclamado mejoras salariales y condiciones laborales más favorables. Desde el sector consideran que los aumentos no remunerativos afectan directamente la base de cálculo para futuras jubilaciones y otros beneficios laborales.
Esta decisión reafirma la postura del Gobierno de Mendoza en cuanto a la política salarial para las fuerzas de seguridad. Resta saber si desde A.MU.P.POL recurrirán a la vía judicial para continuar con su reclamo.