El Ejecutivo provincial desestimó el reclamo presentado por las ex autoridades de la institución deportiva del departamento de San Martín, quienes buscaban dar marcha atrás a la medida de control estatal dispuesta por irregularidades y falta de renovación de autoridades que arrastra desde hace una década.
La decisión sobre la institución con 96 años de historia fue publicada este martes en el Boletín Oficial.
Una década de abandono y puertas cerradas en la institución
La controversia comenzó cuando un grupo de socios se presentó ante la Dirección de Personas Jurídicas para denunciar que el Club Coronel Lorenzo Barcala, cuya sede se encuentra en el distrito de Alto Salvador, funcionaba con graves anomalías desde el año 2010.
Los denunciantes detallaron que las instalaciones permanecían cerradas la mayor parte del tiempo, sin actividades sociales, culturales ni deportivas, y con un marcado estado de abandono.
Además, señalaron que no existía transparencia en los balances contables, que la última asamblea para elegir autoridades se realizó en 2012 y que los directivos anteriores acumulaban mandatos vencidos sin convocar a elecciones.
Ante este panorama crítico, el Gobierno provincial desplazó a la antigua comisión directiva y ordenó una intervención oficial para normalizar la situación administrativa del club nombrando a un interventor encargado de ordenar los papeles y convocar a elecciones.
Lejos de aceptar la decisión, las ex autoridades desplazadas interpusieron un recurso legal para intentar anular el decreto de intervención argumentando que la medida era exagerada y que el club supuestamente seguía funcionando con normalidad.
Finalmente, los asesores legales del Gobierno y la Asesoría de Gobierno analizaron el expediente y concluyeron que el reclamo de los exdirectivos quedó sin efecto práctico, ya que el proceso de intervención cumplió sus etapas y el interventor designado finalizó su labor con la presentación del informe final.
De este modo, el Ejecutivo ratificó que las pruebas reunidas a lo largo de los años confirman el estado de irregularidad institucional que motivó la medida de control estatal en beneficio de los socios.