Una hora después de los graves incidentes con destrozos en el cuarto piso de Casa de Gobierno, Francisco Pérez envió a sus funcionarios a cuestionar la protesta por su violencia y a tomar distancia del conflicto. Así, aclararon que la deuda es de la Anses con los ex uniformados y que la Provincia de Mendoza no tiene nada que ver. Y a pesar de las imágenes, los ministros aseguraron que no hubo represión.

La mañana del miércoles fue caótica en la Casa de Gobierno. Unos 500 ex policías manifestaron su malestar en el cuarto piso en reclamo de haberes adeudados. La situación se agravó cuando salió Infantería y lanzó gas pimienta, en ese momento comenzaron los desmanes y los destrozos a metros del despacho del gobernador, Francisco Pérez.

El primero en tomar la palabra fue el ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla, quien aseguró que los ex policías ingresaron en forma “violenta y agresiva”. “Nunca habíamos visto un hecho de esta naturaleza”, expresó. Además aseguró que el reclamo se relaciona con un tema previsional, por lo tanto no se trata de una deuda que tenga la Provincia con ellos sino que corresponde a la Nación cancelarla.

Otro que salió a defender el accionar de Infantería fue el ministro de Seguridad, Leonardo Comperatore, quien aseguró que “nunca se reprimió ni se golpeó a nadie”. “Infantería salió a contener, había que cuidar la integridad del gobernador”, expresó.

Comperatore también afirmó que el gas pimienta se lanzó para que la “gente se corriera”. Por otra parte justificó que el Ejecutivo no envió un mediador porque consideraron que la gente estaba “muy alterada”.

Tras los desmanes intervino la Fiscalía Especial de Delitos Complejos para llevar adelante la investigación de los hechos.

“Es un reclamo que tienen con la Nación, con Anses y vienen a reclamar acá. No es el responsable el gobernador de pagar ese retroactivo”, añadió Comperatore. En tanto, el encargado de explicar la situación de los salarios adeudados fue el coordinador ejecutivo de la Oficina Técnica Provisional, Federico Javier García.

Los ex policías reclaman una deuda aproximada de unos $1.200 millones, el aumento de este año, el retroactivo y algunos ítems que se han sacado, entre otros puntos. En ese sentido, García blanqueó la deuda: reconoció que se adeudan $530 millones correspondientes a retroactivos y el aumento de este año que aún no ha sido ratificado por la Legislatura, según explicaron desde el oficialismo.

“Han cobrado los ítems que reclamaban históricamente. Esos 530 millones tienen que tener un refuerzo presupuestario que es un trámite nacional”, explicó García. A pesar de las explicaciones oficiales nadie supo precisar cuándo se cancelará la deuda con los ex trabajadores de la policía.