El Gobierno dio un nuevo paso en la implementación del marco regulatorio del cannabis medicinal y el cáñamo industrial al autorizar al laboratorio del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) para realizar análisis cromatográficos oficiales sobre productos vinculados a esa actividad. La medida quedó establecida mediante la Resolución 429 del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, publicada el miércoles en el Boletín Oficial.
La resolución habilita al organismo a efectuar estudios sobre cannabis medicinal, cáñamo industrial, material vegetal, extractos, derivados y demás productos comprendidos en la cadena de valor regulada por la Ley Provincial 9.617. Estos análisis podrán utilizarse en procedimientos de control sanitario, trazabilidad, fiscalización, investigación científica, evaluación técnica y otras actuaciones administrativas vinculadas con la actividad.
En los fundamentos de la norma, el Ejecutivo señala que el análisis cromatográfico de cannabinoides constituye una herramienta esencial para verificar la composición, calidad y potencia del material vegetal y sus derivados. También destaca que el ISCAMEN avanzó en la instalación de un laboratorio especializado, incorporando un sistema de cromatografía líquida de alta performance (HPLC), equipamiento complementario, estándares analíticos y capacitación técnica para su personal.
Además, la resolución autoriza al Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial (RPCCI), en coordinación con el ISCAMEN, a definir los protocolos técnicos, metodologías analíticas y estándares operativos necesarios para el funcionamiento del laboratorio. Asimismo, establece que el organismo deberá mantener condiciones adecuadas de calibración, trazabilidad analítica, resguardo de muestras, capacitación y control de calidad conforme a los estándares científicos vigentes.
La medida se enmarca en la Ley Provincial 9.617, que regula la cadena de valor del cannabis medicinal y del cáñamo industrial en Mendoza, y busca fortalecer las capacidades provinciales para controlar y fiscalizar una actividad que combina objetivos sanitarios, científicos y productivos.