El Gobierno de Mendoza adjudicó la contratación del servicio de gestión integral y descontaminación de playas de secuestro vehicular.
La empresa adjudicataria será la Unión Transitoria conformada por RED COEN SA y ECUR SA, en asociación con ACMET SA, que percibirá una retribución mensual equivalente al 3% de la recaudación estimada. El contrato tendrá una duración de diez años y un monto global proyectado de más de 13.260 millones de pesos.
La medida se enmarca en una estrategia del Ministerio de Seguridad y Justicia para reducir la saturación de estos predios, liberar recursos policiales y mitigar el impacto ambiental.
Solo en 2023, tras el incendio de la Playa de Secuestros San Agustín, se inició un plan piloto que permitió compactar más de 28 mil vehículos, liberar 5.121 toneladas de residuos y recuperar la capacidad operativa del espacio. Actualmente, el proceso se replica en la Playa Marcelo Vignaud de San Martín, donde se acumulan casi 16 mil vehículos.
Según el decreto 707 del Ministerio de publicado este martes, el nuevo contrato prevé acarreo, compactación, descontaminación y disposición final de vehículos, tanto por infracciones de tránsito (Ley 9024) como por causas judiciales (Ley 6816).
También abarcará autos abandonados y vehículos secuestrados por infracciones a la Ley 9556, sobre compraventa de bienes muebles usados. Se estima un beneficio económico anual de más de $1.880 millones por el ahorro en personal policial, sin contar el impacto ambiental positivo.
El proceso de adjudicación fue avalado por la Dirección de Seguridad Vial, la Asesoría Letrada del Ministerio y la Fiscalía de Estado. ECUR y RED COEN fueron los únicos oferentes admitidos técnicamente y su propuesta fue considerada conveniente. El contrato prevé la posibilidad de ajustes según la incidencia efectiva y contempla mecanismos de control establecidos por la normativa provincial vigente.
Con esta adjudicación, el Ejecutivo provincial apuesta a “modernizar la administración de vehículos incautados, mejorar la eficiencia del sistema de seguridad y disminuir los costos que actualmente superan los $1.700 millones anuales solo en custodia policial”.