El juicio contra el exjuez federal Walter Bento entró esta semana en su tramo decisivo con el inicio de los alegatos de la defensa, que adelantó un pedido de absolución total y desplegó una estrategia basada en tres ejes centrales: la prescripción de 12 hechos, una acusación fiscal “incompleta” por falta de pedido de pena y la imposibilidad legal de que el tribunal dicte una condena en esas condiciones.
El planteo fue formulado este martes por el abogado Mariano Fragueiro, uno de los defensores de Bento, durante la audiencia ante el Tribunal Oral Federal N°2, que encabeza la jueza Gretel Diamante. Los alegatos defensivos se extenderán hasta el viernes.
Bento está acusado de haber liderado una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas para beneficiar a detenidos con arrestos domiciliarios o libertades, además de maniobras de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La acusación incluyó 15 hechos de cohecho.
Sin embargo, al iniciar su exposición, Fragueiro calificó el proceso como “una tragedia” y anticipó el eje del cierre defensivo: “Vamos a pedir la absolución de la totalidad de nuestros representados, no solo porque no hay una acusación válida, sino también por los hechos y el derecho”.
Doce hechos prescriptos
Uno de los puntos más fuertes del alegato fue el planteo de prescripción de la acción penal en 12 hechos atribuidos a Bento, vinculados a abuso de autoridad y desobediencia judicial.
Fragueiro sostuvo que esos delitos prescribieron el 8 de noviembre de 2023, cuando se cumplieron dos años desde que Bento dejó de ser funcionario judicial tras su destitución.
“Son doce hechos menos, indefectiblemente, porque ha transcurrido el plazo de prescripción”, afirmó.
Para sostener ese argumento, la defensa citó una resolución del propio TOF N°2 del 8 de abril de 2024, en la que se dejó establecido que, tras su remoción, Bento debía ser considerado un ciudadano común, sin fueros ni prerrogativas funcionales.
En ese marco, Fragueiro cuestionó el accionar del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Dante Vega y María Gloria André, al señalar que la demora en los alegatos terminó jugando a favor de la prescripción.
“Si el alegato hubiera sido más concreto y oportuno, esto no hubiera ocurrido. Los dejaron prescribir”, lanzó.
Según detalló la defensa, los hechos prescriptos comprenden diez casos de abuso de autoridad y dos de desobediencia judicial, entre ellos la no entrega del teléfono celular, documentación de viaje y otras conductas investigadas durante el proceso.
Acusación sin pedido de pena
El eje más delicado del planteo defensivo fue, sin embargo, el cuestionamiento a la estructura de la acusación fiscal. Fragueiro afirmó que el Ministerio Público no formuló ningún pedido de pena, lo que convierte —según dijo— a la acusación en jurídicamente incompleta.
“Estamos ante una acusación sin pedido de pena. Y cuando no hay pedido de pena, al tribunal le está vedado condenar”, dijo. Y agregó que “es imposible cumplir con la cesura del debate”.
La cesura del debate es la división del juicio oral en dos fases: primero se determina si el acusado es culpable y luego, si lo es, se realiza una audiencia por separado para establecer la pena específica.
La Fiscalía solicitó únicamente una declaración de responsabilidad penal, con la intención de discutir la pena en una eventual audiencia de cesura, conforme al nuevo Código Procesal Penal Federal. La defensa replicó que en este juicio no rige ese esquema, sino la normativa anterior, que exige que la pena sea solicitada expresamente durante el alegato.
Para reforzar su postura, Fragueiro citó doctrina y un fallo de la Corte Suprema, que establece que los jueces no pueden suplir la voluntad del acusador ni imponer una sanción que no haya sido requerida.
El debate por el patrimonio
Por otra parte, en relación con las acusaciones patrimoniales, Fragueiro sostuvo que los ingresos de la familia Bento, estimados en unos 18 mil dólares mensuales, según informes oficiales, eran compatibles con su nivel de vida. Además, y cuestionó que viáticos y alquileres no hayan sido correctamente computados como origen de fondos.
El abogado también buscó despegarse de versiones sobre una supuesta descalificación al Poder Judicial mendocino. “La sentencia no está escrita, estoy seguro que no está escrita”, advirtió.
“Que tengamos desacuerdos con decisiones del tribunal no significa que pongamos en duda su imparcialidad. Institucionalmente, no podemos agraviar al Poder Judicial”, aclaró.