Alguien sacó los pies del plato a última hora y rompió los acuerdos que estaban pactados. El movimiento de los representantes del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura este miércoles fue tomado como poco menos que una traición; hacia adentro y hacia afuera. Y si bien el juez federal mendocino Walter Bento quedó al borde de ser suspendido y sometido a Jury de Enjuiciamiento, los consejeros del Frente de Todo le dieron una vida más.
Hasta la semana pasada, la suerte estaba echada. Más allá de la postergación solicitada por Rodolfo Tailhade hace 14 días, el tratamiento del caso en la Comisión de Acusación era cosa juzgada. Todos iban a acompañar el dictamen acusatorio -con los agregados y las modificaciones realizadas- y la votación sería un trámite.
Por eso sorprendió cuando el diputado K esbozó una suerte de defensa a favor del magistrado procesado y a punto de ir a juicio oral por ser el líder de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas en la Justicia Federal. Y por eso la vehemencia en las respuestas del presidente de la Comisión, Miguel Piedecasas, y de la diputada radical Roxana Reyes. No podían creer lo que estaba pasando. Tailhade pegó un golpe de timón, cuestionó el dictamen y dijo que todo el bloque (ya ni se disimula que todos son del FdT) se abstendría de votar.
En el kirchnerismo mendocino quedaron malparados. Entendieron que no solo había sido un gol en contra desde lo político, sino que además están dejando expuesto a miembros de la fiscalía que llevaron adelante la investigación contra Bento y que ideológicamente siempre estuvieron cerca del partido. Y recordaron que hace más de un año, cuando Siley estuvo en Mendoza en una actividad gremial, sugirió que a Bento lo iban a bancar al menos un tiempo porque esa era la bajada de línea que tenía.
Existen dos hipótesis sobre lo que sucedió este miércoles por la mañana. Y en ambos casos, hacen referencia a los vínculos y a las influencias que Bento supo tejer desde que arrancó su carrera judicial y, sobre todo, desde que es juez.
La primera apunta a la presión empresarial y política. Basta con repasar las causas más estridentes que pasaron por las manos del juez para entender que hay grupos económicos muy poderosos que están dispuestos a salir en su defensa, o intentarlo de manera sutil ahora que están encaramados en la elite de la política nacional.
La segunda posibilidad apunta a la condición de Bento como juez con competencia electoral. “Son una ‘orga’ a nivel nacional. Se cuidan entre ellos”, manifestó uno de los máximos referentes locales a nivel nacional. Para entenderlo: son a la Justicia lo que los anestesiólogos a la medicina. Y, en ese ámbito, la ama y señora es María Romilda Servini, una de las juezas más poderosas del país, con varios ahijados en el Poder Judicial de la Nación. Su preferido: Walter Ricardo Bento.
Las negociaciones en esta semana serán clave. Ahora, después de ser acusados de defender a un juez corrupto, en el kirchnerismo afirman que la intención es votar de manera favorable el dictamen en el plenario del 31 de mayo. “Pero no estamos seguros de suspenderlo”, afirmaron.
La declaración no tiene ni asidero técnico ni jurídico. Es casi una justificación tribunera; en especial, porque el dictamen es acusatorio y no hay más alternativa que votar sobre los hechos en cuestión.
Hubo un pequeño detalle que pasó desapercibido tras la votación. Piedecasas dijo que el resultado había sido unánime porque consideró solo los votos positivos. Siley corrigió: “Nos abstuvimos, por lo tanto, no es unánime“. Ese cruce puede encerrar una futura discusión técnica a la hora de ponderar las mayorías en el plenario.
También jugará un rol clave esta vez Anabel Fernández Sagasti. Desde su entorno aseguraron que pasado el mediodía ya había dejado en claro que no se podía volver a tomar una decisión en el Consejo sin que ella estuviera al tanto. Y que, si su voz es vinculante entre los consejeros K, Bento será suspendido.
La clave será conocer la “orden del día” de la reunión del plenario. Si el tema aparece en agenda, es porque los votos alcanzan para lograr la mayoría agravada (dos tercios de los 19 consejeros). Si eso ocurriera, Bento quedaría suspendido y se iniciaría el proceso del Jury de Enjuiciamiento, lo que popularmente se conoce como juicio político. Y, tal como viene la mano, la definición será estrictamente político.