La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, dio sanción final a la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre San Romeleo, ubicado en el departamento de Malargüe. Sólo el bloque de La Unión Mendocina votó de manera negativa.
El proyecto corresponde a LABSA S.A. y es operado por AREX MINING S.A., que solicitó autorización para reactivar el emprendimiento minero. Según los antecedentes incorporados al expediente, la Dirección de Minería categorizó la iniciativa como una mina a reactivar, con una planta de beneficio proyectada que por superar una capacidad de 80.000 toneladas anuales, debe tramitar conforme a las previsiones de la etapa V del procedimiento establecido en el Decreto N.º 820/06.
Como explicó El Sol, el emprendimiento contempla una explotación de pequeña escala, una inversión estimada de entre 3 y 5 millones de dólares y la producción de óxido de cobre, que posteriormente podrá utilizarse como materia prima para elaborar sulfato de cobre destinado a la actividad agrícola.
San Romeleo se encuentra a unos 160 kilómetros, en línea recta, del kilómetro 0 de la ciudad de Malargüe; a 20 kilómetros del río Grande; a 2,5 kilómetros de la Reserva de La Payunia; a 65 kilómetros del río Colorado; a 108 kilómetros de la laguna Llancanelo y a 153 kilómetros del río Salado.
Según los fundamentos del proyecto, se incorporaron dictámenes técnicos y sectoriales, observaciones y recomendaciones de organismos competentes, así como respuestas y documentación complementaria presentada por la empresa.
El procedimiento incluyó tres talleres participativos, dos organizados por la Autoridad Ambiental Minera en modalidad virtual y uno por la empresa. También se realizó una audiencia pública el 6 de diciembre de 2025, en las inmediaciones del proyecto, en Malargüe.
Además, intervino la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), integrada por organismos e instituciones como el INTA, la Municipalidad de Malargüe, el CONICET Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, el Departamento General de Irrigación y distintas dependencias provinciales, entre otros. Esta instancia concluyó con la emisión de un informe final que reunió las conclusiones y recomendaciones sobre el Informe de Impacto Ambiental evaluado. Participaron áreas provinciales vinculadas con la protección de áreas naturales, la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental.
En relación con el procedimiento de consulta a comunidades indígenas, los fundamentos incorporaron un informe actualizado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), del que surge que el proyecto no presenta superposición territorial con comunidades indígenas registradas, relevadas o identificadas por ese organismo.
La obra de teatro “Medio Pueblo” se estrena en el Teatro Julio Quintanilla
El domingo 25, a las 21 —en el Teatro Julio Quintanilla, Plaza Independencia, Ciudad— se representará la pieza teatral Medio pueblo, con dramaturgia de Martín Giner, una comedia sobre el antagonismo social entre el mito y la modernidad. Actúan Guillermo Sandoval…
Controles previstos
Entre las exigencias previstas se encuentra la acreditación de la línea de base ambiental antes del inicio de actividades, un protocolo de rescate y protección de fauna, la contratación previa de un seguro de recomposición ambiental y la medición obligatoria de la huella de carbono.
También se establece la fiscalización por parte de la Policía Ambiental Minera y una serie de controles vinculados con el recurso hídrico. Antes de cualquier movimiento de suelo, la empresa deberá contar con los permisos y el balance hídrico aprobado por el Departamento General de Irrigación, además de implementar sistemas de aforo continuo y telemedición.
De igual forma, la DIA contempla pruebas de estanqueidad e impermeabilización en piletas y escombreras, sistemas de contención secundaria y estudios geoquímicos destinados a descartar riesgos de lixiviación o movilidad de metales.
Durante las distintas etapas se prevén controles sobre la calidad del agua superficial y subterránea, material particulado, ruidos y residuos, además de medidas vinculadas con la protección de los cielos de Malargüe y planes de contingencia sujetos a revisión.
Los controles también alcanzarán las etapas de cierre y post cierre, con un plan de recuperación ambiental que deberá ser aprobado anticipadamente y garantías financieras específicas. El monitoreo continuará hasta que la autoridad ambiental minera determine que el sitio presenta condiciones de seguridad adecuadas.
Además, los proyectos mineros deberán actualizar sus estudios de impacto ambiental cada dos años y cualquier modificación vinculada con infraestructura o procedimientos deberá ser comunicada a la autoridad ambiental minera para su evaluación.