El Gobierno provincial consiguió dilatar la definición del juicio contra los estados nacional y provincial por los crímenes y los graves problemas de la cárcel de Boulogne Sur Mer. Pero además, ahora el Ejecutivo se muestra confiado en que saldrá bien parado del proceso: “No hay ningún elemento que permita pronosticar que habrá una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo ayer el ministro de Gobierno, Sergio Marinelli.
Marinelli viajó a fines de la semana pasada a Estados Unidos, junto a funcionarios de Cancillería y del Gobierno nacional. En concreto, el ministro local y el resto de la comitiva visitaron la sede de la OEA en Washington. Allí tomaron contacto con referentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se trata el caso del penal mendocino, y dieron un informe sobre las medidas que han tomado para revertir la crisis carcelaria.
“Se llevaron una buena impresión y notaron que ha habido un cambio”, explicó Marinelli. E indicó que la prueba más clara de esto es que la comisión iba a visitar la cárcel en diciembre, pero la cita fue postergada hasta noviembre del año que viene. Por su lado, el subsecretario de Justicia, Gustavo Castiñeira de Dios, también hizo gestiones la semana pasada por la cárcel, aunque viajó menos kilómetros. El funcionario fue a Buenos Aires para dar un informe ante la Corte nacional sobre el estado del Penal. Esta semana, la Corte haría un pronunciamiento sobre el caso.
