El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza dictó el veredicto de determinación de la pena en el juicio por corrupción judicial más relevante de la historia reciente de la provincia. El proceso tuvo como principal condenado al ex juez federal Walter Ricardo Bento, señalado como jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta de decisiones judiciales, y concluyó con penas para 17 imputados, además de sobreseimientos, decomisos y unificaciones de condenas previas.
La sentencia fijó para Bento una pena de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y una multa superior a los 540 millones de pesos, por una pluralidad de delitos que incluyeron asociación ilícita, cohecho pasivo reiterado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de prueba.
El tribunal también resolvió diferir el tratamiento de su pedido de prisión domiciliaria y mantener las medidas de coerción hasta que el fallo quedara firme.
Junto al ex magistrado fueron condenados abogados, ex funcionarios, policías y particulares, con penas que oscilaron entre un año de prisión en suspenso y condenas de cumplimiento efectivo superiores a los diez años, además de multas millonarias e inhabilitaciones profesionales. En varios casos, el tribunal declaró la inconstitucionalidad del mínimo legal del delito de cohecho pasivo y dispuso la unificación de penas con sentencias dictadas en causas anteriores.
El fallo incluyó además decisiones sobre decomiso definitivo de bienes, restitución de otros activos, regulación futura de multas y el envío de las actuaciones a la secretaría de ejecución penal para el cómputo de las condenas. A continuación, el detalle uno por uno de las sentencias y las penas impuestas en el caso Bento, tal como quedaron establecidas en el veredicto del Tribunal Oral Federal de Mendoza.
- Walter Ricardo Bento (63): fue condenado a 18 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y al pago de una multa de $540.846.159. El tribunal lo consideró penalmente responsable del delito de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo por ocho hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por haber actuado como miembro de una banda y en ejercicio de la función pública, falsedad ideológica por dos hechos y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba. El tribunal difirió el tratamiento del pedido de prisión domiciliaria
- Luciano Ortego (46), intermediario clave entre los imputados y el ex juez: fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para ejercer la abogacía por cinco años y al pago de una multa de $62.580.000. Fue hallado responsable de asociación ilícita como organizador y de cohecho pasivo como partícipe necesario en cuatro hechos. En su caso, el tribunal declaró la inconstitucionalidad del mínimo legal del delito de cohecho pasivo.
- Jaime Alba (53): el abogado a cargo de la conducción de la operativa recibió una pena de 7 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer la abogacía por cinco años. Fue condenado por asociación ilícita como organizador y cohecho pasivo como partícipe necesario por un hecho. El tribunal también declaró la inconstitucionalidad del mínimo del artículo 257 del Código Penal.
- Marta Isabel Boiza Yorino (60): fue condenada a 6 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y al pago de una multa de $346.159. El tribunal la consideró responsable de enriquecimiento ilícito como partícipe necesaria, lavado de activos agravado como coautora y falsedad ideológica por dos hechos.
- Nahuel Agustín Bento Boiza (34): recibió una pena de 5 años de prisión y una multa de $16.642.040. Fue condenado por lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una banda.
- Luis Francisco Álvarez (47): el abogado “Chato” Álvarez, recibió una pena de 3 años y 6 meses de prisión y una multa de $11.030.000. Fue condenado por asociación ilícita como miembro y cohecho pasivo como partícipe necesario por un hecho.
- Walter Bardinella Donoso (46): el narcotraficante que participó tanto en la entrega como en la recepción de sobornos fue declarado fue condenado a una pena única de 13 años y 6 meses de prisión y al pago de una multa de $62.580.000, como resultado de la unificación con una condena anterior. El tribunal lo consideró responsable de asociación ilícita, cohecho pasivo en dos hechos y cohecho activo agravado.
- José Gabriel Moschetti (49): el ex comisario de la Policía de Mendoza aportó información reservada al entramado ilegal. Fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por el delito de asociación ilícita como miembro. Previamente, el tribunal había declarado la prescripción de la acción penal respecto de otros hechos.
- Martín Ríos Santander (65): es el abogado que intervino en maniobras de pago y gestión de coimas. Fue condenado a 5 años de prisión, inhabilitación especial para ejercer la abogacía por cinco años y una multa de $62.580.000. Fue hallado responsable de asociación ilícita como miembro, cohecho pasivo como partícipe necesario en dos hechos y cohecho activo como coautor en un hecho. El tribunal declaró la inconstitucionalidad del mínimo legal del delito de cohecho pasivo.
- Alejandro Matías Aramayo (47): el abogado penalista recibió una pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para ejercer la abogacía por cinco años y una multa de $62.580.000. Fue condenado por asociación ilícita como miembro y cohecho pasivo como partícipe necesario en dos hechos. También se declaró la inconstitucionalidad del mínimo del delito de cohecho pasivo.
- Martín Bazán Guerra (45): oficial inspector de la Policía de Mendoza fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso y a inhabilitación especial por un año. El tribunal lo consideró responsable de cohecho activo como coautor.
Para los responsables del delito de cohecho activo agravado en calidad de autor -que pagaron sobornos para obtener beneficios-, la pena fue: la siguiente:
- Daniel Martínez Pinto (49): recibió una pena única de 9 años y 6 meses de prisión y una multa de $11.030.000, tras la unificación con una condena anterior. Fue hallado responsable de cohecho activo agravado.
- José María Sanguedolce (72): recibió una pena única de 6 años y 6 meses de prisión y una multa de $8.319.717,82, tras la unificación con una condena previa. Fue condenado por cohecho activo agravado.
- Eugenio Javier Nasi (49): fue condenado a una pena única de 6 años de prisión y una multa de $41.562.600, como resultado de la unificación con una sentencia anterior. El tribunal lo consideró responsable de cohecho activo agravado.
- Alfredo Aliaga (80): fue condenado a 2 años de prisión en suspenso por cohecho activo agravado como coautor. El tribunal impuso reglas de conducta, entre ellas fijar residencia y someterse a control judicial.
- Juan Carlos Molina Pérez (34): recibió una pena única de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso y una multa de $62.580.000, tras la unificación con una condena previa. Fue condenado por cohecho activo agravado y se le impusieron reglas de conducta.
- Marcos Adrián Calderón (49): recibió una pena de 1 año de prisión en suspenso y una multa de $4.491.200. Fue condenado por cohecho activo agravado.