El deterioro de la capacidad de pago de las familias y las empresas volvió a profundizarse durante mayo y llevó a la morosidad en el sistema financiero a su nivel más elevado de los últimos veinte años.

Según los últimos datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, el incumplimiento en los créditos de personas físicas aumentó del 12,1% al 12,7% entre abril y mayo, mientras que en las empresas pasó del 3,3% al 3,5%. En conjunto, la mora sobre el total de préstamos al sector privado alcanzó el 7,7%, un indicador que enciende señales de alerta tanto para el sistema financiero como para la recuperación del consumo.

El informe también refleja un fuerte deterioro en el acceso al crédito. Más del 27% de las personas que obtuvieron un préstamo dejaron de ser sujetos de crédito, lo que representa cerca de siete millones de argentinos que hoy encuentran cerradas las puertas del financiamiento tradicional.

La situación golpea con mayor intensidad a los jóvenes: el 42,8% de los deudores de entre 18 y 25 años presenta al menos una obligación en situación irregular, porcentaje que se ubica en 39,3% entre quienes tienen de 26 a 35 años. En los grupos de mayor edad, la mora continúa siendo elevada, con registros del 31% entre las personas de 36 a 45 años y del 23,5% entre quienes tienen entre 46 y 55 años.

La problemática también se agravó fuera del circuito bancario. En las entidades financieras no bancarias, que concentran alrededor del 17% de los créditos destinados a las familias, el nivel de mora trepó al 32,2% en mayo, cuando un año y medio atrás se ubicaba por debajo del 10%. Para los especialistas, este comportamiento evidencia que las dificultades de pago se extendieron hacia mecanismos alternativos de financiamiento, incrementando la vulnerabilidad financiera de los hogares.

Frente a este escenario, las entidades privadas endurecieron las condiciones para otorgar nuevos préstamos. Los bancos redujeron la aprobación de créditos, limitaron el aumento de los límites en tarjetas y priorizaron el saneamiento de sus carteras para disminuir el riesgo de incobrabilidad. La decisión responde a un contexto marcado por la debilidad del consumo, la pérdida de capacidad de pago y la incertidumbre económica, mientras el crédito en dólares aparece como la única excepción, impulsado por las operaciones vinculadas al comercio exterior y la prefinanciación de exportaciones.

El creciente endeudamiento también se refleja en la percepción social. Una encuesta de la consultora Zentrix mostró que el peso de las deudas personales constituye la principal preocupación económica para el 53% de los votantes oficialistas. Entre quienes se identifican con la oposición predominan la incertidumbre económica, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de los ingresos.

Al mismo tiempo, dos de cada tres simpatizantes del oficialismo consideran que los salarios no logran superar a la inflación, aunque un 18,5% asegura tener capacidad de ahorro, una proporción considerablemente superior a la observada entre los votantes opositores.

En paralelo, distintas provincias comenzaron a implementar programas para refinanciar deudas y contener el incremento de la mora. La Ciudad de Buenos Aires lanzó un esquema para reestructurar préstamos personales y saldos de tarjetas de crédito con tasas subsidiadas y plazos mínimos de 24 cuotas, mientras que el Banco Provincia ofrece refinanciaciones de hasta 72 meses. Iniciativas similares fueron adoptadas en Santa Fe, Corrientes, Misiones y Córdoba, en tanto que el Congreso mantiene en análisis diversos proyectos de desendeudamiento familiar.

Desde el Gobierno nacional sostienen que la mejora del escenario macroeconómico permitirá revertir la situación. El portavoz presidencial, Adrián Ravier, afirmó que la recuperación del crédito dependerá de consolidar la baja de la inflación y de una reducción sostenida de las tasas de interés. Sin embargo, el desafío convive con una caída real de la recaudación tributaria nacional del 5,6% interanual, un factor que agrega presión sobre las cuentas públicas y dificulta las negociaciones fiscales entre la Nación y las provincias.