La Comisión Federal de Impuestos (CFI), un organismo de control, fiscalización y asesoramiento e interpretación de las relaciones financieras entre las provincias y el gobierno nacional, emitió un duro informe técnico que va en contra de los deseos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la disputa que mantiene con la Casa Rosada en torno a la quita de la coparticipación y los fondos de la seguridad porteña.

El informe fue aprobado por 21 provincias, con la excepción de la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, la abstención de Nación y la ausencia de Corrientes, destaca un artículo publicado por el diario La Nación.

En ese documento se marcó que la transferencia de recursos en 2016 entre los gobiernos de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta estuvo marcada por “una gran desprolijidad administrativa, jurídica y financiera”.

Además, el CFI estableció que los fondos involucrados en el traspaso de la policía a la Ciudad a lo largo de ese año alcanzaron los 11.000 millones de pesos. El gobierno de la Ciudad había fijado ese monto en más de 18.000 millones de pesos.

Al proyectar esas cifras a la actualidad, el CFI estimó un impacto global de 43.000 millones de pesos. Los números de la Ciudad difieren ampliamente. Durante el año pasado, el gobierno de Rodríguez Larreta advirtió que dejó de percibir alrededor de 86.000 millones de pesos por los cambios en el cálculo de las transferencias por seguridad.

Este miércoles vence el plazo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para encontrar una salida política al conflicto que mantienen los gobiernos de Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. En tal sentido, funcionarios de ambas administraciones volverán a reunirse a las 11 en el Ministerio del Interior.

La Corte debe fallar en torno a un amparo presentado por CABA contra el decreto que redireccionó los aportes por el traspaso de la policía a la administración porteña, resuelto en septiembre de 2020, por un monto equivalente al 2,36% de la coparticipación.

Los cuatro miembros del máximo Tribunal buscarán que se llegue a un arreglo, ya que, en caso contrario, deberán terciar en la diferencia y establecer un porcentual para la Ciudad de Buenos Aires.