El 2 de enero de este año, un incendio afectó parte de las instalaciones de un hogar de niños que la ex Dinaf tiene en Luján de Cuyo. Con los meses, aquel siniestro que no arrojó heridos salvo destrucción material, ha pasado a ser una controversia política entre el Gobierno y la oposición. En el Frente de Todos pusieron en duda el valor de la reconstrucción del salón de usos múltiples, que ascendió a 16 millones de pesos. Desde esa cartera, señalaron que nunca se pudo conocer la causa del fuego y que ahora esperan el dictamen de Fiscalía de Estado para avanzar con la obra.
El hogar se encuentra en el barrio Parque Drummond y, en la actualidad, alberga a unos 25 niños entre 4 y 7 años que son derivados allí por la Justicia de Familia debido a situaciones de violencia y abuso. El fuego ocurrió alrededor de las 17 de aquel segundo día de 2022, cuando los chicos se encontraban en la pileta, por lo que desde el ministerio a cargo de Ana María Nadal aseguraron que no hubo lesionados. Aquella tarde, según el testimonio que recoge el parte de Bomberos del Cuartel Central, había 14 niños.
Lo que se quemó fue un quincho de 10 metros de largo por 4 de ancho, utilizado como SUM en ese inmueble alquilado por la Provincia a un tercero, donde había distintos elementos inflamables que hicieron que las llamas prendieran rápidamente.
Así era antes de quemarse:


El fuego se originó precisamente donde estaban las colchonetas para los niños, según consta en el reporte oficial de los bomberos, y finalmente afectó a toda la estructura al punto tal que el techo de madera colapsó.
Bomberos descartó que el incendio se haya originado de manera intencional, puesto que no se encontraron huellas o indicios que apoyen esta hipótesis. De igual manera, que tampoco se produjo por un problema eléctrico o por algún proceso de autocombustión.
Así quedó la estructura tras el incendio:


Según indicó Vanina Barone, directora general de Promoción de Derechos de ese ministerio, por la fecha se pensó en un primer momento que el fuego se había iniciado por algún tipo de fuego artificial -dada la cercanía con el Año Nuevo-.
Si bien la funcionaria aseguró a El Sol que los rescatistas no encontraron la causa, Bomberos consideró en sus conclusiones que ésta es hipotética: “…en el lugar existió un portador de calor ajeno al lugar, donde por imprudencia, negligencia o inobservancia se hipotetiza que autores ignorados podrían haber arrojado algún objeto en estado de incandescencia” -por ejemplo, un cigarrillo encendido-. Así, en el informe clasificaron el hecho como “hipotético accidental previsible“.
Las dudas de la oposición
Aquel siniestro quedó en tela de juicio. El senador Lucas Ilardo -FdT- reclamó el miércoles por las redes sociales que el Gobierno provincial no había respondido al pedido de informes hecho por esa bancada en la Legislatura. Ilardo reparó que, tres meses después del incendio, se celebró “un acta de reparaciones por 16 millones de pesos” para la reconstrucción de ese SUM.
Entre otras interrogantes, el senador opositor se preguntó por qué el Gobierno tendría que afrontar esa suma, si el inmueble tenía en ese momento seguro contra incendio e incluso cuál es el vínculo entre el dueño del inmueble y el Estado provincial.
Algunas de estas respuestas se encuentran en la respuesta al pedido de informes que se elaboró desde el Área de Legales de la subsecretaría de Desarrollo Social y que consta con fecha del 3 de noviembre, es decir, la semana pasada, a 10 meses del hecho. Desde el Senado informaron que la respuesta al reclamo opositor ingresó recién este miércoles a la Cámara Alta. En el escrito se detalla incluso una falencia por parte del Gobierno.
Desde el área legal del ministerio señalaron que el inmueble efectivamente no poseía una poliza que cubriera a la Provincia en este tipo de situaciones.
“Al momento del incendio el inmueble no poseía seguro contra incendio, ya que los mismos son autoasegurados”, fue la aclaración oficial. Esto quiere decir que es el mismo Estado el que responderá.
Esto, pese a que en el contrato de alquiler la Provincia asumió la obligación de contratar un seguro contra incendio “que cubra los daños que por tal causa pueda sufrir el inmueble alquilado y los linderos, por el tiempo total del contrato”.

En las explicaciones al Senado, desde el Ministerio informaron que recién debido al incendio “se contrató póliza de seguro a pedido del dueño del inmueble”.
Sobre la seguridad de los chicos que se encuentran en el lugar, el ministerio indicó que “fueron resguardados por el personal del hogar y luego los interesados tomaron conocimiento del hecho que sólo provoco daños materiales”. A su vez, Barone afirmó que la situación de cada niño fue informada a cada juez de menores.
“El lugar del inmueble que fuera alcanzado por el incendio se destruyó por completo, con pérdidas totales”, agregaron en dicha nota, a la vez que se informa que es una residencia de un tercero con quien se mantiene una relación contractual de locación.
Barone explicó a El Sol que el proyecto para la reconstrucción del SUM fue realizado por otro ministerio, el de Infraestructura a cargo de Mario Isgró, y que se presentaron distintos presupuestos para definir cuál sería el más acorde.
Al respecto hay dos presupuestos pedidos a nombre del locador, es decir, el dueño de la propiedad, confeccionados por dos estudios de arquitectura locales. Uno de ellos tiene fecha el 10 de marzo y por la reconstrucción del quincho se proyectaron gastos por más de 21 millones de pesos -incluye impuestos-. El otro, datado el 26 de agosto, lleva los costos a un valor superior de 23 millones de pesos. Ambos montos incluyen mano de obra y materiales, entre otros costos.
Sin embargo, los trabajos no empezaron. Según la funcionaria, no se llamó aún a licitación ya que todavía falta un aval de Fiscalía de Estado para aprobar las actuaciones que se han realizando hasta ahora. Y justificó que la Provincia debe correr con el costo porque es la que alquila.
Sin embargo, desde Fiscalía de Estado respondieron ante la consulta de este diario que a esa repartición no había ingresado ningún expediente desde Desarrollo Social. Posteriormente, desde el ministerio reconocieron que no se había iniciado el trámite.
