La estrategia de defensa del juez federal Walter Bento, procesado por liderar una banda que cobraba coimas a cambio de beneficios judiciales y por enriquecimiento ilícito, recibió este jueves dos golpes en la reunión de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, el organismo que elige, controla y sanciona a los jueces.

Por un lado, el titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza buscó apartar de la investigación interna al diputado nacional Pablo Tonelli (PRO), presidente de la Comisión y miembro informante del Bentogate, y a la consejera Jimena de la Torre, representante de los abogados en el organismo. Y por el otro, los defensores del magistrado solicitaron exponer sus argumentos antes de la votación ocurrida este jueves.

Con estas maniobras dilatorias el juez, que no está preso sólo porque sus fueros lo protegen, intentó hasta último momento postergar o directamente voltear su citación. Pero ninguno de los pedidos fue aceptado en la reunión donde se decidió, por unanimidad, que Bento sea convocado a indagatoria para dar explicaciones sobre su accionar.

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Votaron Tonelli, De la Torre, Roxana Reyes, María Fernanda Vázquez, Martín Doñate y Vanesa Siley (la diputada Graciela Camaño estuvo ausente). La audiencia, fijada para el viernes 14 de octubre a las 9, es el paso previo a la posible apertura del procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Recusación y exposición, rechazadas

“La recusación es notoriamente tardía. De acuerdo con el reglamento, el plazo para plantearla es breve, de cinco días, y se computa desde el inicio, desde el momento en el que el magistrado es notificado. En este caso ocurrió hace mucho tiempo”, indicó el titular de la Comisión de Acusación.

Según dio a entender el legislador macrista, tanto él como De la Torre fueron recusados por sus opiniones. “No me parece que sea válido el argumento”, dijo Tonelli, quien agregó: “Es algo que de ninguna manera está previsto en el reglamento, no tiene antecedente alguno”. Tras someter a votación del cuerpo el pedido de los abogados de Bento, el rechazo fue unánime.

Además, Tonelli informó al resto de los consejeros que los abogados de Bento habían solicitado exponer ante la Comisión de Acusación este jueves, antes de la votación.

“Personalmente, creo que no corresponde. Nunca ha ocurrido eso, no está previsto en el reglamento y está muy claro que la que el doctor Bento y su defensa técnica van a tener todas las posibilidades de ejercer el derecho de defensa en la audiencia”, señaló el diputado macrista. Su propuesta fue aceptada.

En concreto, este jueves se aprobó la aplicación sobre el juez de los artículos 11 y 20 de la resolución 98/2007 del Consejo de la Magistratura, que estableció el Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación.

El artículo 11 determina que “admitida la denuncia, ésta será notificada al magistrado denunciado, oportunidad en la que se le hará saber que podrá ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y expresar lo que corresponda a su derecho, en el plazo de veinte 20 días“. Y el 20 se establece que en caso de una citación, “se oirá al magistrado denunciado, para lo cual se procederá a fijar día y hora para su comparecencia”.

“Entiendo que no es necesario porque desde el primer momento en que quedó notificado por el artículo 11 hace varios meses, el magistrado tuvo acceso pleno e irrestricto a todo el expediente. Pero para zanjar la cuestión y de ninguna manera poner en duda el legítimo ejercicio del derecho de defensa, propongo que se lo notifique en los términos de los artículos 11 y 20”, aseguró Tonelli en su exposición, donde describió, una por una, todas las imputaciones contra el juez. “Todos los procesamientos están firmes, ninguno sujeto a revisión”, destacó para sustentar la acusación.

La decisión de incluir el artículo 11 en la notificación le brindará a Bento más tiempo para preparar su defensa, que podrá presentar personalmente o por escrito.

Hay que recordar que el juez está procesado por asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, cohecho pasivo en calidad de autor, prevaricato, omisión y retardo de Justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivos y falsedad ideológica, entre otros.

“Se agrega la imputación de algunos otros hechos, vinculados a la situación patrimonial del juez. De acuerdo con el peritaje contable, hay algunas inconsistencias que no supo explicar adecuadamente”, dijo Tonelli.

El patrimonio de Bento y su familia creció ostensiblemente, con vehículos de alta gama y una docena de inmuebles e inversiones en fideicomisos. También quedaron bajo la lupa de la Justicia los viajes al exterior, principalmente a Miami y Las Vegas (Estados Unidos).

Tras la indagatoria a Bento, Tonelli contará con 20 días para elaborar un proyecto de dictamen para proponer al plenario del Consejo la desestimación de la denuncia, la imposición de una sanción disciplinaria o la apertura del procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento. Esta última opción está acompañada por la suspensión del magistrado,

Por el tono de las acusaciones, el juicio político es una posibilidad más que concreta. Si Bento presenta su renuncia y el Poder Ejecutivo la acepta, se archivará el caso. Pero ya sin fueros, podría terminar detenido.

En cambio, si el procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados avanza, “el fallo que decida la destitución deberá emitirse con mayoría de dos tercios de sus miembros”.