La conciliación obligatoria puso en pausa el conflicto salarial y este jueves los empleados y funcionarios del Poder Judicial volvieron a sus lugares de trabajo tras más de 20 días de paro.
Así las cosas, tras la decisión de la Subsecretaría de Trabajo de dictar la conciliación a raíz de un pedido presentado por la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, la pesada maquinaria judicial comenzó a moverse muy lentamente.
“Hoy ha sido una jornada muy tranquila, creo que la gente no está al tanto que estamos trabajando con normalidad. Mañana seguro habrá otro tipo de movimiento”, aseguró un empleado judicial en un pasillo del icónico edificio de Tribunales, de calle Patricias Mendocinas de Ciudad.
En medio de un clima tenso, los empleados advierten que sobre la cantidad de tarea atrasada a raíz de las huelgas. “Hay muchos expedientes y audiencias retrasadas. Con suerte, en un mes se podría normalizar todo. Pero la gente que viene nos entiende y nos da su apoyo”, explicó un trabajador del Polo Judicial.
Pero la mirada no está puesta tan lejos y, en cambio, las fechas que los trabajadores del sector marcaron con rojo son dos, mucho más cercanas: este viernes 31 de mayo, cuando cobrarán sus salarios; y el próximo viernes 7 de junio, cuando se desarrollará la audiencia de negociación entre el Gobierno y los dos gremios del Poder Judicial.
El mensaje que llegó del Ejecutivo fue claro: día no trabajado, día no pagado. Los propios trabajadores sacan cuentas y advierten que los descuentos podrían llegar al 30% de los haberes.
Así las cosas, en medio de la tranquila jornada en Tribunales y el Polo Judicial, el tema de los descuentos ganó protagonismo en las charlas de los empleados. “Mañana nos vamos a enterar si nos descuentan o no. El tema que estar dentro del marco de la conciliación obligatoria, el Gobierno no puede aplicarlos. Y si lo hace, haremos las denuncias correspondientes”, indicaron desde el gremio de los Judiciales.
Los dos sindicatos del sector (empleados y funcionarios) rechazaron las ofertas salariales presentadas en la mesa paritaria y endurecieron las medidas de fuerza que comenzaron en marzo y se endurecieron a fines de abril.
Como respuesta, el Gobierno otorgó un aumento por decreto, del 10% sobre la asignación de clase para abril, mayo y junio, calculados sobre la base fija del mes de diciembre del año pasado. “El incremento es no acumulativo y alcanza exclusivamente a los agentes del sector del Régimen Salarial 10”, aclararon fuentes oficiales.
“Migajas nos están dando, jamás se ha visto que un empleado de Poder Judicial cobre la mitad de la canasta básica.. No entendemos porque tienen esa postura sabiendo de la importancia que tenemos en el funcionamiento de la Justicia”, reclamó un trabajador.
La frase demostró que la conciliación obligatoria no alcanzó para bajar la tensión. “Hasta el 7 solamente vamos a cumplir con nuestro horario de trabajo de seis horas. No vamos a estar en horarios extraordinarios, las autoridades lo saben”, advirtió una empleada de Tribunales. “No vamos a hacer algo que no nos corresponda”, agregó otra desde el Polo Judicial.
La expectativa está puesta en la audiencia del 7 de junio, ante la posibilidad de la presentación de una nueva oferta, más allá de desde el Gobierno ya han advertido que no hay más recursos para proponer a los empleados y funcionarios judiciales un aumento salarial superior al acordado con otros gremios estatales.
“Con un 16% más el reconocimiento, nuestros ítems especiales estamos en condiciones de aceptar”, manifestaron fuentes sindicales. Pero, en caso de que el Ejecutivo presente las mismas ofertas del 10% o del 11% para los meses de abril, mayo y junio, desde la cúpula gremial de Judiciales amenazaron con judicializar la negociación.
“En caso de que sea la misma oferta, vamos a presentar una demanda por Mala Fe del Negociado, que está dentro de la Conciliación Obligatoria. Además, el lunes 10 vamos a mandar la notificación de que retomamos con las medidas de fuerza”, añadieron, al tiempo que pidieron una mayor intervención de la Suprema Corte: “Debe hacerse cargo de todo, también de lo salarial”.