El conflicto salarial en el Poder Judicial sumó otro capítulo este miércoles, con la decisión de la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza de dictar la conciliación obligatoria. Lo hizo luego de un pedido presentado por la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Publico Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, con el objetivo frenar el paro que resintió la actividad judicial en las últimas semanas.
Los dos gremios del sector (empleados y funcionarios) rechazaron las ofertas salariales presentadas en la mesa paritaria y endurecieron las medidas de fuerza que comenzaron en marzo y se endurecieron a fines de abril. Como respuesta, el Gobierno otorgó un incremento por decreto, que provocó mayor molestar entre los trabajadores.
“Las medidas de acción directa llevadas a cabo por agentes y funcionarios judiciales impactan en la gestión de las causas que tramitan, la realización de audiencias en todos los fueros, en definitiva, en el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía“, aseguraron las máximas autoridades del Poder Judicial de Mendoza en el escrito dirigido a Rodrigo Herrera, el funcionario a cargo de la mediación en las paritarias con los estatales.
Finalmente, el subsecretario de Trabajo dictó la conciliación, argumentando una grave afectación en el servicio de Justicia. En tal sentido, fijó una audiencia de negociación para el próximo 7 de junio.
“Esto obliga a las partes a sentarse a la mesa a dialogar, que es algo que nosotros veníamos exigiendo”, afirmó el secretario General de empleados Judiciales, Ricardo Babillón, quien admitió que esta herramienta determina la suspensión de las medidas de fuerza. Una especie de tregua para volver a negociar.
“La conciliación obligatoria lo primero que hace es retrotraer la situación al origen del conflicto, es decir que la oferta no podría estar atada al decreto del gobierno de la provincia, que se emitió en el medio del conflicto. Tampoco se debería producir el descuento de los días de paro”, aclaró el sindicalista en declaraciones a Canal 9 Televida.
De todas maneras, desde el Gobierno ya han advertido que no habrá más recursos para otorgar a los empleados y funcionarios judiciales un aumento salarial superior al acordado con otros gremios estatales.