Ir por todo. Esa es la impronta que en sólo seis meses el gobernador Alfredo Cornejo le dio a su gestión. En parte por obligación y, principalmente, por vocación.

Al número uno de Mendoza le gusta dejar en claro cuál es el lugar que ocupa. Comenzó a hacerlo cuando fue ministro de Seguridad en la época de Julio Cobos, lo convirtió en una marca registrada durante sus dos períodos como intendente de Godoy Cruz y quiere consolidarlo sentado en el sillón de San Martín.

Es mucho más que aquellas anécdotas como jefe municipal, cuando llamaba personalmente a los placeros para retarlos y sugerirles arreglos en los espacios verdes. Es la manera en que entiende la administración de poder.

El “ítem aula” fue el primer paso: un recurso para corregir el descalabro de cargos, suplencias y misiones especiales y, al mismo tiempo, generar un punto discordia en la discusión interna de los docentes. Los hizo confrontar. Y allí logró recortar el poder sindical.

Su proyecto para terminar con la independencia económica que maneja cada hospital público gira en esa frecuencia. La idea es centralizar el poder. Manejar la provincia con rienda corta y delegar en los ministros y funcionarios de segundas y terceras líneas todos los aspectos que tengan que ver con cuestiones netamente operativas. Lo estratégico es única y exclusivamente para el gobernador.

Seguridad, la obsesión

Una de las obsesiones de Cornejo tanto en campaña como luego de asumido tiene que ver con bajar drásticamente las cifras del delito. Está convencido de que puede hacerlo. Su círculo de confianza asegura que ese es el bronce que busca. Ni reforma constitucional ni buscar la posibilidad de reelección. Lo suyo tiene que ver con la seguridad.

Su paso por el ministerio más caliente de la provincia desde hace doce años lo posicionaron como un gobernador conocedor del tema. Sin embargo, nada garantiza que pueda cumplir su objetivo.

Cornejo se encontró con una estructura policial completamente penetrada por el poder político. La tropa fue usada en los últimos ocho años para estrategias de clientelismo y punterismo. Los comisarios se codearon con funcionarios, hablaron de igual a igual  y comenzaron a tener aspiraciones que iban más allá de las lógicas para un uniformado.

La purga policial no es un capricho. Para el cornejismo, hay un grupo de comisarios generales devenidos a caballo de Troya ciurquista. No lo dicen abiertamente, pero todos los sancionados tuvieron posiciones de privilegios bajo la conducción de Carlos Ciurca, primero, y luego continuaron de la mano de su principal ladero en la materia, Carlos Aranda.

Un Ministerio de Seguridad infiltrado. Eso es lo que el Gobierno cree que le dejaron. Y por eso la limpieza.

Cornejo tomó la posta y puso como interlocutores a Giani Venier, un hombre de su extrema confianza, y empoderó a Roberto Munives bajo el rol del policía modelo que debía ser ejemplo para el resto.

En ese operativo “depuración”, para el Gobierno era clave tener un poder casi absoluto en la Inspección General de Seguridad. Se trata de un ente que debería funcionar de manera independiente al Ministerio y con la presencia política de los partidos mayoritarios.

Eso, en teoría. En la práctica, la voz cantante la tiene el oficialismo, y la relación con el Ministerio se modificó. Funcionan como una única organización. Eso quedó plasmado con el cambio de efectivos que trabajan allí y el día en que, juntos, el titular de la IGS, Marcelo Puertas, y el director de la Policía, Munives, anunciaron al unísono la pasiva para comisarios sospechados de guardarse dinero de los servicios extraordinarios.

Cornejo tomó el poder y le confió a  Venier la gestión y la toma de decisiones políticas y dejó en Munives la responsabilidad de seleccionar a los mejores policías para ejecutar esas medidas. Por eso al Gobierno le cuesta asimilar los golpes. Porque no es fácil salir a reconocer que varios de los personajes elegidos por el ex comisario no resisten el archivo. O tienen causas judiciales o en asuntos internos. Muchas de ellas, vinculadas con violencia de género. Esos escándalos generan los mismos dolores de cabeza que los hechos de inseguridad.

Aun así, el camino está allanado. Si es necesario, se cambiarán algunos fusibles. El gobernador seguirá siendo la autoridad máxima de la Policía de Mendoza, controla la Inspección de Seguridad y tiene la posibilidad histórica de convertirse en el jefe de los fiscales a través de la persona que designe para la Procuración de la Corte, incluso cuando ya no esté en el poder.

Cornejo mostró toda su capacidad de rosca y cintura política. Logró en seis meses lo que Celso Jaque y Francisco Pérez no lograron en ocho años: correr al Rodolfo González de la Procuración. Lo hizo por las buenas. No lo enfrentó, no lo acusó ni -más allá de creerlo o no- lo señaló como el responsable del mediocre nivel que tiene gran parte de los fiscales. Al contrario: fue paciente, lo invitó a participar de varios proyectos y lo sedujo hasta hacerle entender que su ciclo estaba cumplido.

El panorama es inmejorable desde el punto de vista político. El PJ está demasiado golpeado y ocupado en internas y pases de factura de un pasado reciente que todavía lo castiga. Pero también plantea la situación de jugar a todo o nada.

Antes de cumplir un año como Gobernador, pasará a controlar todas las decisiones importantes del Estado: es dueño y señor del Ejecutivo, domina a su antojo la Legislatura y en poco tiempo manejará una pata clave de la Justicia. Será lo más parecido a la suma del poder público que tuvo Mendoza en su historia reciente.

Cornejo consiguió lo que buscó: el poder absoluto. Pero también sabe que es un arma de doble filo porque si algo falla, el responsable será uno solo.