En 2012, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó por mayoría el proyecto del Gobierno nacional, en ese entonces con Cristina Fernández de Kirchner al mando, para la expropiación de la petrolera YPF. Y la mayoría de los legisladores que representan a Mendoza levantaron la mano a favor.
El fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que exigió entregar el 51% de las acciones a un fondo buitre, Brainbridge, que reclamó por las indemnizaciones ante la Justicia de Estados Unidos por un monto de US$ 16 mil millones.
En su momento, el kirchnerismo impulsó el proyecto para declarar de “utilidad pública” el 51 % de YPF y obligó al Estado a expropiar la participación de Repsol.
En el Congreso, contó con 208 votos afirmativos en Diputados y 63 afirmativos en el Senado. El 3 de mayo de aquel año, Diputados dio la estocada final en una larga sesión con cruces fuertes.
La nómina revela un amplio respaldo peronista, pero también el acompañamiento de buena parte de la UCR, el socialismo, Proyecto Sur y bloques provinciales que entonces reivindicaron la “recuperación de la soberanía hidrocarburífera”.
Mendoza tiene diez representantes en la Cámara Baja. La mayoría dio el voto a favor y apenas tres lo hicieron por la negativa.
En el entonces llamado Frente para la Victoria, lo hicieron Guillermo Carmona, Omar Félix (actual intendente de San Rafael), Anabel Fernández Sagasti (hoy, en el Senado nacional) y el gremialista petrolero Dante González.
En el radicalismo, Mariana Juri (actualmente, senadora nacional), Enrique Vaquié (que tras dejar el Gobierno, detenta hoy un cargo en el Congreso como asesor de Rodolfo Suarez) y Jorge Albarracín (ocupa por estos días el rol de secretario de la Junta Electoral de Mendoza).
En el caso de los senadores nacionales, votaron a favor el peronista Adolfo Bermejo (hoy, diputado nacional), y los radicales Laura Montero (posteriormente vicegobernadora) y Ernesto Sanz.
Sólo tres legisladores por Mendoza se manifestaron en contra del proyecto que alentaba el ministro de Economía Axel Kicillof.
Se trata de los diputados nacionales Omar De Marchi (funcionario en Aerolíneas Argentinas al día de hoy y en ese momento ya en el PRO), Roberto Pradines (Partido Demócrata) y un peronista disidente, Enrique Thomas (por estos días, en el Senado provincial).
Trece años después, la sentencia de la jueza Loretta Preska pone aquella decisión legislativa bajo la lupa del costo financiero que ahora deberá afrontar el Estado argentino.