La Justicia Federal aceptó la medida cautelar presentada por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) respecto de la eliminación del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI). “Se retrotrae todo a como eran las cosas antes de la Resolución 55”, indicaron desde la entidad a El Sol.
Para recapitular, a comienzo de mayo, el Gobierno nacional, a través de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, oficializó el cierre definitivo del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI) y el fin de las contribuciones obligatorias que sostenían su operatividad.
La medida -ahora suspendida por el juez Pablo Quirós hasta que se resuelva la cuestión de fondo- impactaba directamente sobre un presupuesto anual estimado entre 1.100 y 1.200 millones de pesos.
La Coviar se mostró sorprendida por la eliminación de los aportes obligatorios de las bodegas: “El programa era exitoso”
El presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Fabián Ruggeri, expresó sorpresa por la decisión del Gobierno nacional de dar por finalizado el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI) y eliminar las contribuciones obligatorias que financiaban su funcionamiento. “La verdad que bastante…
Desde el Ejecutivo nacional argumentaron en aquel entonces que el ciclo del programa -diseñado originalmente con en 2020- ya se encuentra cumplido. Además, la norma sostenía que la prórroga impulsada por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) hace cuatro años no contaba con la aprobación plena del Poder Ejecutivo, por lo que solo se iba a reconocer de forma parcial hasta la entrada en vigencia de esta nueva resolución. Habían establecido que la corporación, en un plazo de tres meses, presentara un informe final de ejecución y recursos.
La respuesta de la Coviar no se hizo esperar cuando se dio a conocer la decisión del Gobierno nacional. Mediante un duro comunicado, la entidad manifestó su rechazo a la medida, calificándola como “improcedente, inconsulta e inoportuna”.
Para las cámaras empresarias que integran el organismo, la decisión se apartaba de los principios de legalidad y previsibilidad, excediendo -según su visión- las atribuciones de la autoridad administrativa al modificar por resolución un régimen que está establecido por ley. A partir de allí comenzaron a diseñar los pasos legales para presentar el amparo que, finalmente, tuvo éxito.