Humberto Mingorance quedó en el ojo de la tormenta luego de que se confirmara que había omitido incluir varias propiedades en su declaración jurada, correspondiente al ejercicio 2024. Si bien el titular de Aysam corrigió rápidamente la documentación tras la revelación de El Sol, la Auditoría de Ética Pública (AEP) abrió un expediente de oficio para determinar la eventual responsabilidad del funcionario cornejista en el escándalo que sacudió al poder político mendocino.
En medio de una creciente presión legislativa, con sendos proyectos aprobados por unanimidad en el Senado y la Cámara de Diputados para conocer los detalles de un caso calificado como “obsceno” y “grave” por la oposición, ahora todas las miradas apuntan hacia la oficina que encabeza Gabriel Balsells Miró.
El funcionario encargado de llevar adelante la causa es Sebastián Giordano, director de Investigaciones Administrativas y Asuntos Judiciales de la Auditoría de Ética Pública. Mingorance ya fue notificado sobre el expediente y tiene diez días hábiles para presentar su descargo.
En tal sentido, en un raid mediático el presidente de Aysam informó que “en unas horas más” presentaría la documentación para aclarar los aspectos de su declaración jurada. Pero al menos hasta las 15 este miércoles no había cumplido con ese paso en la AEP, donde confirmaron que el expediente se encuentra en secreto de sumario.
“Las denuncias e investigaciones que se formulen y substancien serán de carácter secreto en todos los casos en resguardo del derecho a la intimidad, y no se concederá vista de las actuaciones a los presuntos responsables, en tanto y en cuanto ponga en riesgo la investigación de los hechos o el derecho a la intimidad de los/las denunciantes. El secreto perdurará hasta el momento de la clausura del proceso investigado, pero no podrá exceder el plazo de un mes”, sostiene el artículo 31 de la ley 8993.
Sin embargo, por la trascendencia pública del caso Mingorance, se presume que el dictamen de Giordano se conocerá antes del límite temporal determinado por la norma.
La misma ley establece que una de las misiones de Ética Pública es “evaluar las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito, incompatibilidad en el ejercicio de la función o cualquier otra situación sospechosa, la que deberá ser informada con sus antecedentes y dictamen técnico a la autoridad de la que dependa el presunto infractor y a la Justicia en caso de que implique delito”.
La veloz corrección de la ATM
En su DDJJ inicial, Mingorance informó que sólo tiene una propiedad: un terreno de 730 metros cuadrados en Maipú, valuado en $2,3 millones. Sin embargo, un cruce de datos con registros oficiales de la Dirección de Catastro y de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) demostró que cuenta con una decena de inmuebles a su nombre.
- Propiedad en Maipú. Participación: 100%.
- Propiedad en Guaymallén. Participación: 50%
- Propiedad en Ciudad. Participación: 50%
- Propiedad en Ciudad. Participación: 50%
- Propiedad en Godoy Cruz. Participación: 33,33%
- Propiedad en Ciudad. Participación: 33%
- Propiedad en Godoy Cruz. Participación: 33,33%
- Propiedad en Godoy Cruz. Participación: 33,34%
- Propiedad en Guaymallén. Participación: 4,69%
- Propiedad en Luján de Cuyo. Participación: 18,91%
Ese terreno ubicado en un barrio privado de Gutiérrez también fue protagonista de una polémica. La ATM detectó, a través de una inspección aérea con drones, que Mingorance no había declarado una construcción de 284 metros cuadrados.
En tal sentido, el ente recaudador determinó que el avalúo del terreno es de casi $7,2 millones (más de tres veces superior al declarado por el funcionario en su DDJJ), mientras que la valuación fiscal de las mejoras realizadas rozaba los $24 millones.
El presidente de Aysam lo negó rotundamente. “Ya hice el reclamo a ATM porque no hay una construcción, es un lote baldío, tal cual lo declaré”, dijo el exsecretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia, entre 2015 y 2023.
Finalmente, con una velocidad inusitada, la ATM avaló el reclamo de Mingorance, publicó una resolución admitiendo su error de cálculo y emitió nuevo boleto del Inmobiliario donde ya no figura la leyenda: “Este impuesto incorpora superficie adicional no declarada conforme el siguiente detalle: cubierta 284 m2”.
Todo ocurrió en menos de una semana. Además, esa rectificación tiene su correlato en el monto anual que debe pagar el funcionario por el inmueble: de aproximadamente $420.000 pasó a menos de $65.000.
El año pasado la ATM realizó una actualización catastral que le permitió detectar 18 millones de metros cuadrados construidos sin declarar (casi dos millones se ubican en determinados barrios privados).
Gracias a ese relevamiento de vuelos fotogramétricos con drones, se actualizó la base de datos de mejoras en 518.745 parcelas. Pero cuando comenzaron a llegar las boletas a los domicilios de los contribuyentes, muchos de ellos reclamaron por posibles inconsistencias.
Según datos extraoficiales, hasta marzo se recibieron casi 4.000 quejas, por lo que la ATM tuvo que corregir el impuesto con el valor real que debe pagar el propietario. Mingorance formó parte de ese grupo.
Cronología
- 26/03/2024. Mingorance presentó su declaración jurada del año anterior, donde sólo figuraba el terreno en Maipú, adquirido el 15 de diciembre de 2023.
- 13/02/2025. El funcionario actualizó su DDJJ, pero mantiene como única propiedad el terreno de Gutiérrez, valuado en casi $2,4 millones.
- 05/03/2025. Inmediatamente luego de una publicación de El Sol, el titular de Aysam corrigió su documentación y reconoció que tiene participación en ocho inmuebles. Según datos de Catastro y la ATM, son diez.
- 11/03/2025. El Senado aprobó por unanimidad un proyecto para solicitar a la Auditoría de Ética Pública que investigue el caso. Esa dependencia ya había abierto un expediente de oficio.
- 12/03/2025. La Cámara de Diputados también aprobó una iniciativa similar.