Humberto Mingorance tardó al menos dos años en darse cuenta que las declaraciones juradas que presentó ante la Auditoría de Ética Pública, correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, estaban muy incompletas. En ambos casos, el titular de Aysam había reconocido que sólo tenía una propiedad (un terreno de 730 metros cuadrados en Maipú, valuado en $2,3 millones), cuando según un cruce de datos con los registros oficiales de la Dirección de Catastro y de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), cuenta con diez inmuebles.
Recién este miércoles, cuando El Sol reveló la irregularidad, el funcionario modificó en tiempo récord gran parte de su DDJJ, que fue publicada en el sitio web de la oficina de Ética Pública con una llamativa velocidad.
Este medio intentó comunicarse con Gabriel Balsells Miró, jefe de la oficina, pero no obtuvo respuestas. Desde el organismo que encabeza el exlegislador provincial de la UCR, que se encarga de recibir y difundir las DDJJ de los funcionarios provinciales, confirmaron que iniciaron un expediente de oficio para investigar la millonaria omisión.
Además explicaron que legalmente, cada funcionario que presenta su DDJJ tiene la posibilidad de corregirla o adecuarla. Luego, la propia Auditoría evalúa y analiza la pertinencia de esos cambios.
Las DDJJ de Mingorance
Mingorance presentó sus anteriores declaraciones el 26 de marzo de 2024 y el 13 de febrero de 2025, donde admitía poseer únicamente un terreno en Gutiérrez.
Pero ese último documento fue modificado drásticamente este miércoles 5 de marzo y ahora aclaró que en realidad tiene participación en ocho inmuebles:
- 33% de dos cocheras.
- 33% de cinco departamentos.
- 100% de un terreno en un barrio privado de Maipú.
De acuerdo con la ATM, en ese terreno ubicado en un barrio privado se realizaron mejoras y se levantó una construcción de 284 metros cuadrados que no fue informada por Mingorance. Así lo detectó una inspección realizada con drones en la zona, aunque el presidente de Aysam lo niega rotundamente.
“Ya hice el reclamo a ATM porque no hay una construcción, es un lote baldío, tal cual lo declaré”, comentó el exsecretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia, entre 2015 y 2023.
El ente recaudador determinó que el avalúo del terreno es de casi $7,2 millones (más de tres veces superior al declarado por el funcionario en su DDJJ), mientras que la valuación fiscal de las mejoras realizadas roza los $24 millones.
“El avalúo está bien declarado, ya que fue realizado antes de la publicación de ATM”, se defendió Mingorance.
Según un cruce de datos con los registros oficiales de Catastro, el titular de Aysam posee distintos porcentajes de participación (van del 4,69% al 100%) en un total de diez inmuebles.
- Propiedad 1 (Maipú). Participación: 100%.
- Propiedad 2 (Guaymallén). Participación: 50%
- Propiedad 3 (Ciudad). Participación: 50%
- Propiedad 4 (Ciudad). Participación: 50%
- Propiedad 5 (Godoy Cruz). Participación: 33,33%
- Propiedad 6 (Ciudad). Participación: 33%
- Propiedad 7 (Godoy Cruz). Participación: 33,33%
- Propiedad 8 (Godoy Cruz). Participación: 33,34%
- Propiedad 9 (Guaymallén). Participación: 4,69%
- Propiedad 10 (Luján de Cuyo). Participación: 18,91%
“Hay tres propiedades que son callejones comuneros de lotes que tuve en algún momento y siguen apareciendo. Y los dos de Guaymallén y el de Luján tampoco van”, insistió Mingorance, que actualmente reside en un dúplex que alquila en un exclusivo barrio privado.
Mingorance es un funcionario del riñón cornejista. Acompañó al actual gobernador cuando era intendente de Godoy Cruz, ocupando diferentes cargos (Dirección de Inspección General y Fiscalización, Dirección de Higiene Urbana y Secretaría de Gobierno).
Luego, cuando Cornejo asumió la gobernación, se convirtió en secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia, puesto en el que se mantuvo entre 2015 y 2023. Actualmente es presidente de Aysam.
Las limitaciones de la Oficina de Ética Pública
La ley 8993 de Ética Pública obliga a los funcionarios a presentar anualmente sus DDJJ antes del 1 de marzo, teniendo como fecha de corte el 31 de diciembre del año anterior. Pero también pone obstáculo para acceder a los datos más sensibles: “La información brindada se limitará a la enunciación y enumeración de los bienes que componen el patrimonio declarado”, reza la norma que rige en Mendoza desde 2017.
La gran cantidad de documentación que recibe y la falta de personal complican la tarea de control que debería realizar la oficina de Ética Pública, que parte de la presunción de honestidad de los funcionarios y simplemente realiza un monitoreo superficial de las DDJJ.
No están reglamentadas las sanciones que pueden recibir aquellas autoridades que esconden u omiten información. La ley sólo establece multas en caso de que no presenten la documentación en los plazos exigidos, que van del 10% al 25% de la remuneración bruta del gobernador.