El lunes, el gobierno provincial cortó las cintas de la nueva sala de juego del Casino de Mendoza en el Este. Con esto, el Ejecutivo apunta a transformar el espacio en un “nuevo polo de entretenimiento y turismo para la región”. Sin embargo, el Gobierno tiene otros desafíos en torno al juego para cumplir en el 2022.
Durante el próximo año habrá meses agitados para el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), que actualmente preside la tunuyanina Ida López.
La intensa actividad se dará porque por un lado, se adjudicará la concesión del Casino Central y además se pondrá en marcha la regulación del juego online.
Tragamonedas
A fines de noviembre se puso en marcha la licitación para poder adjudicar -durante una década- la explotación de las máquinas tragamonedas del Casino Central ubicado en Godoy Cruz.
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“Todos los oferentes se hicieron observaciones y la comisión está evaluando ahora los descargos presentados. Es un trabajo arduo, además hay mucho tecnicismo por las máquinas. La concesión actual tiene continuidad hasta la adjudicación de la próxima, por ahora no tenemos una fecha exacta de la adjudicación”, aclaró López.
En total hay cuatro oferentes que buscan quedarse con el millonario negocio: Fuente Mayor del Grupo Kristich, que ganó la licitación del supercasino del Este; Plaza Central UTE, actual adjudicataria de la sala Casino Central; Traylon vinculada al empresario K, Cristóbal López, y Desarrollos Maipú relacionada a Daniel Angelici, vinculado al macrismo.
Ese proceso -que está en trámite- tiene por objeto la contratación de un servicio integral que comprende la “prestación de un mínimo de 400 y un máximo de 800 máquinas tragamonedas”, señala el pliego.
Juego online
El 27 de octubre del año pasado la Legislatura aprobó la ley para regular el juego online en la provincia. Sin embargo, un año después todavía falta la reglamentación de la norma en el Boletín Oficial y la licitación para poder poner en marcha el control efectivo.
“Estamos trabajando los pliegos y la reglamentación. Esperamos que todo esté listo en el primer semestre del año que viene porque estamos muy avanzados”, explicó la presidenta del IPJyC.
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La ley sancionada establece que se permitirá hasta siete sitios que ofrezcan el servicio de apuestas por internet, mientras que las páginas restantes deberán ser bloqueadas en la provincia.
De este modo, se licitarán los permisos para un mínimo de 2 y un máximo de 7 oferentes. Con esta norma habrá un mayor control sobre las plataformas. Esto implica todos los juegos que se realicen por medios electrónicos, telemáticos, interactivos e informáticos. La normativa no abarca a aquellos que incluyen la realización de sorteos físicos como la lotería y quiniela, entre otros.
Asimismo los usuarios podrán acceder al registro de autoexclusión para que se los pueda asistir dentro del programa Juego Responsable.
Supercasino del Este
El lunes quedó oficialmente inaugurada la nueva sala de juego del Casino de Mendoza en el Este.
“Lo que se buscó con esta licitación fue hacer un casino que traiga inversión y empleo para la zona Este. Con este proyecto se trae un polo turístico, cultural y artístico”, explicó la funcionaria, que espera que en el 2023 esté finalizado el proyecto integral.
Para abrir esa nueva sala en San Martín, el Ejecutivo cerró los casinos que había en ese departamento y el de Rivadavia. Esta nueva sala se construyó en tres meses. Se espera la creación de unos 500 puestos de trabajo entre directos e indirectos.
En cuanto a la recaudación, esperan que los números puedan ser mayores que los de las dos que fueron cerradas, ya que se apunta a incentivar el turismo en la zona.
Frente a las críticas de un cambio en la política del juego que señalan que este Gobierno “lo fomenta”, López desmintió esas versiones y aseguró que se mantiene la misma postura que en la gestión de Alfredo Cornejo donde se cerraron algunas salas.
“No hay ningún cambio, los casinos dejan de estar en el centro de las ciudades como lo pedían los intendentes. No hay un incentivo del juego ni antes ni ahora. Este casino permitirá generar otro tipo de inversión en la zona”, reiteró la funcionaria de Rodolfo Suarez.
Remesas
La Ley de Responsabilidad Fiscal establece que le IPJyC debe transferir el 35% de su recaudación a programas especiales de salud o a rentas generales. Tras un duro 2020 donde las salas tuvieron que cerrar por la pandemia, finalmente este fin de año se pudo transferir el 100% del monto que indica la norma.
“En total son 317 millones de pesos que fueron a programas de Salud, bibliotecas populares y Ministerio de Salud en general. Lo hicimos a pesar de estar exceptuados por la pandemia. Hacía muchos años que esto no sucedía”, concluyó López.