La población carcelaria en Mendoza volvió a crecer durante el 2025 y profundizó dos problemas estructurales que se vienen arrastrando: el hacinamiento y la reincidencia. Los datos oficiales del Servicio Penitenciario muestran un escenario más complejo que el del 2024, con más personas detenidas, sobrepoblación y una alta proporción de internos reincidentes.

Los números del último informe de gestión del Servicio Penitenciario a diciembre 2025, muestran que 7.212 personas privadas de libertad (PPL) estaban alojadas en alguno de los 20 complejos, unidades y alcaidías. Esto representó un aumento del 12,23% respecto de 2024, cuando había 6.426 detenidos.

Si se amplía la mirada, el crecimiento en la última década fue aún más marcado: desde 2015, la población carcelaria aumentó un 86,7%, pasando de 3.862 a 7.212 PPL en 2025.

Por otro lado, había 512 PPL bajo la modalidad de detención domiciliaria y 4 personas alojadas por infracciones al Código Contravencional, cuya normativa tiene como fin sancionar acciones u omisiones que alteran la convivencia, el orden público, la seguridad o la moralidad, sin llegar a ser delitos penales. 

Uno de los aspectos a tener en cuenta para contextualizar la situación crítica es la tasa de sobrepoblación en las cárceles. Los indicadores que reflejan dicha tasa son dos: por un lado, la cantidad de plazas disponibles en los diferentes complejos y, por otro, la cantidad de personas que se encontraban y se encuentran alojadas dentro del sistema. 

Según el informe, la foto de diciembre del 2025 indica que los complejos carcelarios contaban con 5.403 camas disponibles y 7.212 personas privadas de su libertad. Esto deja un excedente de 1.809 personas. En términos porcentuales, la sobrepoblación alcanzó el 33,48%, muy por encima del 21,24% registrado en 2024.

Si se tienen en cuenta los estándares que evalúan las poblaciones carcelarias, al subir la cifra de sobrepoblación, las cárceles de Mendoza están bajo condiciones de hacinamiento, ya que registran 345,6 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, superando ampliamente el promedio nacional, que fue de 256 en 2024.

Reincidencia: más de la mitad volvió a prisión

Otro dato que surge del informe 2025 es la reincidencia. De las 7.212 personas detenidas, 4.081 ya habían tenido ingresos previos al sistema penitenciario. Es decir, más del 56% no cursaba su primera detención.

Entre los reincidentes, el 32,54% no había recibido condena en su ingreso anterior y se encontraban imputados. El indicador ya había empeorado en 2024, cuando ese porcentaje era del 25,26%. Esto sugiere no solo reiteración delictiva, sino también dificultades en los procesos judiciales y de reinserción.

Si se observa la cantidad de ingresos a los complejos carcelarios, el panorama es contundente: solo el 43,41% estaba detenido por primera vez. El resto tiene antecedentes: un 37% ingresó dos veces, mientras que un 43,54% de los reos ya había estado entre rejas de 3 y 5 veces, marcando un nivel de reincidencia elevado.

Un dato clave para entender la dinámica de reincidencia es el tiempo de permanencia en los ingresos anteriores: el 67,10% de quienes ya habían estado detenidos pasó menos de un año en prisión, mientras que solo el 11,17% superó los tres años.

Esto se explica con otro dato: entre los delitos más frecuentes predominan los robos (23,82%), seguidos por abuso sexual (10,32%), amenazas (9,5%) y hurtos (8,91%).

Respecto a la situación procesal, el 68,72% estaba condenado (4.956 personas) y el 31,28% permanecía imputado (2.256) a la espera de una resolución judicial.

Los perfiles de los presos de Mendoza

Según el informe oficial, hasta diciembre del 2025, el sistema penitenciario estaba compuesto por 7.013 hombres, 198 mujeres y 8 personas trans. De ese total, más del 54% tenía entre 21 y 35 años.

Del total, el 2,02% (146 personas) eran extranjeros. En cuanto al país de origen, el 78% de los extranjeros detenidos eran de nacionalidad boliviana y chilena.

En cuanto a nivel educativo, casi la mitad (46,79%) no superó el nivel primario, lo que también refleja condiciones estructurales vinculadas a la exclusión social y el acceso a la educación.