Tras la aplicación en la provincia de la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 280 menores que delinquieron debieron ser desafectados de las restricciones a la libertad impuestas por la Justicia de menores. A seis meses de vigencia de la norma 26.061, las preguntas que surgen son qué pasa con estos chicos y cuáles son las medidas que toma el Estado para protegerlos y para garantizar la seguridad de la comunidad.

VULNERABLES Y VULNERADOS.

    La Dirección de Niñez y Adolescencia es la encargada de realizar la aplicación de la ley y, a través de ella, resguardar la integridad de 1.493 niños y adolescentes que por algún motivo han visto vulnerados sus derechos. Esto es, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia, que no están escolarizados y, en el peor de los casos, que han sufrido abusos o abandono familiar. Pero, bajo la misma órbita de acción, también se encuentran aquellos niños o adolescentes que han vulnerado el derecho de un tercero, es decir que han delinquido y por ser menores no pueden ser castigados por la ley penal.

LA TRADICIÓN DEL PATRONATO.

     Antes de que Mendoza adhiriera a la ley nacional, la norma provincial 6.354 establecía el encierro de estos jóvenes en patronatos. Con ese espíritu fue creado lo que hoy se conoce como ex-Cose (Centro de Orientación Socio Educativa). Pero en la actualidad, la ley prohíbe este accionar, apuntando al fortalecimiento de los vínculos familiares de los menores, su contención y reinserción social.

    En teoría, esto es lo correcto, pero en la realidad, los mecanismos de externación que establece la ley para la contención de estos chicos adolecen de muchos problemas. Juan Manuel Casas, gerente de Niñez y Adolescencia, manifestó que el trabajo que se realiza con esos menores –salvo casos excepcionales en los que es necesaria la reclusión o internación en un centro de adicciones– es incluirlos en los programas a través de los cuales se aborda la problemática del adolescente con un grupo interdisciplinario en el cual intervienen psicólogos, asistentes sociales y la familia como el pilar más importante para su recuperación.

    En los casos en los que la familia no existe o por determinadas razones no se hace cargo del chico, es el Estado el que interviene derivándolo a uno de los hogares de la Dinaadyf para trabajar con el joven e intentar una rehabilitación para que pueda volver a encontrar su lugar en la sociedad. “Esta ley (por la norma nacional) obliga a la familia y al Estado a generar medidas que permitan que el chico pueda reinsertarse, que vuelva a la escuela, practique algún deporte o realice alguna actividad”, señaló Casas, y agregó que es una realidad demasiado compleja, en la cual hay que impedir que el adolescente reincida en el delito, “para esto, la comunidad en general debe colaborar y ser parte de este trabajo”.

    “También es importante destacar que este cambio no es fácil, que es necesario readaptar el sistema y a las personas. Es radical recordar que estos niños son los hijos de una generación que fue desplazada y que los años 90 terminaron de destruir, por lo tanto, generar políticas sociales, de mejor redistribución y con más énfasis en la educación son fundamentales para evitar que estos jóvenes vuelvan a incurrir en un delito”, explicó Casas. Según estadísticas recientes, 30 por ciento de los delitos son cometidos por menores y, gracias a la nueva ley nacional, ahora no es legal que los menores estén recluidos en el ex Cose o en la unidad competente existente en cada ciudad.

PROTEGER A LOS MÁS CHICOS.

    La Ley de Protección de Niños y Adolescentes es todo un avance legal en materia de minoridad, lo cierto es que se debe acompañar y complementar con algunos instrumentos con los que todavía, al parecer, la provincia no cuenta. “Esta ley viene a proteger los derechos integrales de niños, niñas y adolescentes y les permite quedar en libertad ante una imputación policial, como ocurre en el caso de cualquier adulto que haya sido imputado”, afirmó Emilio García Méndez, presidente de la Fundación Sur (con sede en Buenos Aires) y abogado defensor de los derechos de infancia y adolescencia, en un seminario que se brindó hace 10 días en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.

    Pasada la década de los 90, una de las deudas sociales más grandes que le quedó a Argentina son los más pequeños, el eslabón más débil de la cadena, que viene a repetir constantemente un trágico círculo de niños que fueron vulnerados en sus derechos básicos y, por ende, devuelven el favor vulnerando derechos de terceros.