Luego de la tensa sesión en el Congreso por el Presupuesto 2022, este martes, la Cámara de Diputados debate el proyecto de Ley que busca modificar el gravamen a los Bienes Personales, que ya cuenta con media sanción en el Senado. Por ser un impuesto coparticipable, las provincias asumirán parte del costo fiscal de la reforma. Mendoza perderá más de $600 millones.

La iniciativa eleva de $2 millones a $6 millones el mínimo a partir del cual los contribuyentes tienen que empezar a pagar dicho tributo. Esto conllevará a una merma en la recaudación, que según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), alcanzaría los $31.564 millones. 

Al tratarse de un impuesto coparticipable, el costo fiscal de esta disminución será afrontado no solo por Nación, sino también por las provincias. En el caso de Mendoza, la provincia perderá $687 millones, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Para el diputado nacional Omar De Marchi (PRO), esta pérdida ”es insignificante”. El legislador opositor le quitó peso al argumento de quienes no quieren aumentar el mínimo no imponible del impuesto.

”No lo vería por cuánto pierden las provincias, sino cuánto pierden los ciudadanos. Ya no es un impuesto excepcional, plantea un mínimo de $2 millones, subirlo a $6 millones claramente es razonable”, afirmó.

Jimena Latorre, diputada por la UCR, coincidió en que la discusión no debería ser el dinero que pierde la provincia ya que ”a ningún mendocino le gustaría pagar más impuestos”. La legisladora nacional sostuvo que ”es hipócrita el discurso del Gobierno en presionar a las provincias con los impuestos coparticipables cuando ha aumentado muchos otros”.

Ver también: Bienes Personales: estos son los cambios que quiere el Gobierno

El costo fiscal asumido por las provincias

En el texto del proyecto que se tratará este martes se establece que se va a elevar el mínimo no imponible para los bienes gravados (no incluye acciones o participaciones en el capital) a $6 millones y a $30 millones en el caso de inmuebles utilizados como vivienda propia. 

Esto implicará una baja en la recaudación de $24.462 millones en 2022 y $7.102 millones en 2023, debido a que alrededor de 500.000 personas quedarán exentas de pagar el gravamen.

Para cuantificar este costo hay que tener en cuenta, en primer lugar, la distribución primaria de estos fondos entre Nación, ANSES, CABA y las provincias; y posteriormente la distribución secundaria entre las distintas provincias, explica el informe.

De acuerdo a la distribución primaria, Nación dejará de percibir $12.979 millones ($10.057 millones en 2022 y $2.921 millones en 2023), mientras que las provincias perderán $18.585 millones ($14.405 millones en 2022 y $4.181 millones 2023). De esta manera, el costo fiscal total que afrontaría cada una es del 41,1% y del 58,9%, respectivamente. 

El monto perdido no es homogéneo entre los distritos. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son las más perjudicadas porque poseen un mayor porcentaje de participación. Mendoza perderá $ 687 millones: $532 en 2022 y $155 en 2023).

El análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal también detalló cómo serían las pérdidas en la recaudación de ingresos coparticipables que soportaría cada jurisdicción de acuerdo a su cantidad de habitantes. Mendoza integra el grupo de provincias con ”altos ingresos y alta densidad” (AI-AD), junto CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. A ellas les corresponderían reducciones promedio por habitante de $382, el resto perdería entre $585 y $793.

El proyecto 

Esta iniciativa fue propuesto por Carlos Caserio, exsenador del peronismo, y fue aprobada en octubre por la Cámara Alta. Luego pasó a Diputados, pero no tuvo tratamiento hasta el pedido de la oposición la semana pasada.

El Gobierno pretende realizar algunos cambios: ratificar los $6 millones, pero mantener los $18 millones para la “casa-habitación”. También demandará que los patrimonios que superen los $100 millones abonen una alícuota de 1,5%. 

En caso de que Diputados le de el aval a las modificaciones oficialistas, la iniciativa deberá volver a la Cámara de Senadores.

Si el proyecto se aprueba antes de fin de año, la nueva pauta regirá para el impuesto correspondiente a 2021. Pero hay un detalle a tener en cuenta: el patrimonio que se observa es el que tiene un contribuyente hasta el 31 de diciembre. Para algunos juristas, el cambio será válido si se aprueba después.