El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) entregó 1.773 viviendas nuevas y alcanzó un total de 2.298 soluciones habitacionales, sumando también mejoramientos y programas especiales. La cifra más que duplicó lo realizado en 2024, cuando se habían concretado 773 casas, y se ubicó en cifras similares a las previas a la pandemia del Covid- 19.
Las viviendas se distribuyeron en 52 barrios nuevos, ubicados en 16 de los 18 departamentos de la provincia, tanto en zonas urbanas como rurales. Desde el IPV subrayaron que el ritmo de ejecución implicó, en promedio, la finalización de un barrio por semana y más de seis viviendas por día durante todo el año.
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Inversión provincial y autonomía financiera
El salto en la cantidad de viviendas estuvo acompañado por una inversión estimada en $138 mil millones, destinados tanto a construcciones nuevas como a mejoramientos habitacionales.
En un contexto de virtual paralización de la política habitacional nacional, la Provincia asumió además con fondos propios la finalización de siete barrios originalmente financiados por programas federales, que suman unas 163 viviendas. El objetivo fue evitar que las obras quedaran inconclusas y garantizar la entrega a las familias ya adjudicadas.
El presidente del IPV, Gustavo Cantero, señaló que “Mendoza logró sostener su política habitacional porque desarrolló planes propios, adaptados a la realidad local, sin depender exclusivamente del financiamiento nacional”.
Entre ellos se encuentran programas como Mendoza Construye Línea 1, Construyo Mi Casa, Mejoro Mi Casa e IPV Mi Casa concentraron la mayor parte de las soluciones entregadas.
Proyección 2026 y el desafío de la morosidad
De cara a 2026, el IPV mantiene un nivel alto de actividad en obra. Actualmente hay 2.156 soluciones habitacionales en ejecución entre viviendas nuevas y mejoramientos, de las cuales unas 1.100 ya fueron licitadas. Según las proyecciones oficiales, el año próximo podría cerrar con cerca de 3.200 soluciones en marcha, aunque la posibilidad de ampliar ese número quedará atada a la estabilidad macroeconómica y a la disponibilidad de mayores recursos.
En paralelo al crecimiento de la construcción, el organismo enfrenta el problema estructural de la morosidad en el pago de cuotas. Al cierre de 2025, el nivel de incumplimiento se ubicó en torno al 39%, una baja significativa respecto del 53% registrado a fines de 2023.
Cantero explicó que la reducción se logró principalmente a partir de acuerdos con adjudicatarios de créditos antiguos, algunos con más de 20 años de vigencia, cuyas cuotas habían quedado licuadas en valores simbólicos. En esos casos, el costo administrativo de la cobranza superaba largamente lo recaudado, por lo que se avanzó en esquemas de regularización.
En tanto, más de la mitad de la morosidad actual corresponde a los estratos sociales más bajos y se concentra en viviendas sociales. Desde el IPV reconocen la dimensión del problema, pero remarcan un cambio de comportamiento respecto de otros períodos.
“La mayor parte de las deudas se encuentran en las viviendas sociales. A pesar de esto es para destacar que estas familias están siempre en contacto con nosotros y buscan permanentemente encontrar la forma de estar al día. A diferencia de otras épocas, existe una clara intención de pago por este grupo de personas”, cerróel funcionario.