Casi dos años después de que la red cloacal que transporta los efluentes de una parte importante del Gran Mendoza colapsara de forma dramática sobre las calles de Los Corralitos, Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) llamó a licitación pública para construir un colector subterráneo paralelo de gran diámetro. El objetivo es generar, por primera vez, las condiciones necesarias para limpiar a fondo el tramo afectado de la Colectora Máxima Noreste.
El presupuesto oficial roza los $6.500 millones y la obra, denominada “nuevo colector Infanta Isabel”, tendrá un plazo de ejecución de ocho meses desde el inicio de los trabajos. La apertura de ofertas está prevista para el 15 de octubre.
La construcción de esta cañería paralela permitirá derivar los efluentes por un conducto alternativo. De esa manera, se generará por primera vez una “ventana de trabajo” seca o de bajo caudal para que los operarios e inspectores puedan ingresar a la vieja red colapsada, retirar los sedimentos acumulados y rehabilitar el colector principal, algo que hoy resulta operativamente imposible por el enorme volumen de agua servida que circula día y noche.
El propio pliego de Aysam señala que la recurrencia de los desbordes en superficie y el grado de sedimentación de la tubería impiden realizar tareas de limpieza y videoinspección mediante métodos convencionales.
La obra para limpiar la colectora colapsada
El corazón del proyecto es la instalación de una cañería de gran diámetro que correrá en paralelo a la colectora existente, desde el colector de calle Severo del Castillo hasta el punto de vuelco sobre calle Humberto Primo.
“La intervención de la Colectora Máxima presenta una alta complejidad operativa debido a la magnitud de los caudales transportados y la profundidad de la traza existente. Ante la recurrencia de desbordes en superficie, se ha determinado que la ejecución de un colector es la alternativa más eficiente. El grado de sedimentación actual de la tubería, sumado a la magnitud del caudal, impide realizar tareas de limpieza y video-inspección mediante métodos convencionales”, destaca el pliego.
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La solución consiste entonces en sacar parte del caudal de la colectora existente. Según Aysam, esa derivación permitirá generar una “ventana de trabajo” de bajo caudal, indispensable para realizar las tareas de limpieza y eventual rehabilitación del colector principal.
La empresa estatal adquirirá la tubería y el contratista deberá incluir en su oferta los costos de carga, descarga, transporte, almacenamiento, estibado y vigilancia, “así como cualquier otra tarea necesaria para garantizar la integridad y el correcto mantenimiento del material”.
Una obra a varios metros de profundidad
Los trabajos demandarán importantes desafíos. Por ejemplo, deberán realizarse a varios metros de profundidad en una zona donde la napa freática aparece a poca profundidad, lo que exigirá el uso permanente de bombas de achique y paredes metálicas de contención para evitar derrumbes en las zanjas.
El pliego establece una profundidad promedio de 3,10 metros, con sectores que llegan hasta los 4,70 metros, mientras que la napa freática se ubica entre 0,80 y 2,50 metros según la época del año.
El trazado, además, deberá sortear quince cruces especiales bajo arroyos, canales e hijuelas de riego, que se resolverán mediante túnel o a cielo abierto según las condiciones del terreno. Una vez instalada la cañería en esos puntos, el espacio anular se rellenará por completo con hormigón para garantizar su protección mecánica y la estabilidad del canal.
El proyecto también prevé la construcción de 27 bocas de registro estancas y dos cámaras de enlace, una sobre el colector de calle Severo del Castillo y otra sobre el de Humberto Primo. Todas las estructuras deberán impermeabilizarse y contar con un sistema de ventilación continua, pensado para evitar que la concentración de sulfuro de hidrógeno supere una parte por millón y reducir la acumulación de olores.
Para minimizar el impacto en la zona, el pliego establece que la contratista deberá desplegar al menos tres frentes de trabajo simultáneos: uno abocado a la construcción de cámaras y bocas de registro, y dos exclusivamente a la instalación de la cañería. También deberá coordinar con al menos quince días hábiles de anticipación cada corte y empalme sobre la red existente -tareas que estarán a cargo del personal técnico de Aysam– y garantizar un sistema de agua potable alternativo para los vecinos de las calles intervenidas mientras dure la obra.
Vivir sobre el colapso
La obra llega para dar respuesta a una crisis que transformó de forma radical la vida cotidiana en Guaymallén, particularmente en las inmediaciones de calles 2 de Mayo y Severo del Castillo. Esa zona de Los Corralitos se convirtió en el símbolo de la emergencia ambiental, con una infraestructura que colapsó debido al crecimiento urbano sin acompañamiento de obras, a las conexiones pluviales irregulares y a la falta de mantenimiento, factores que terminaron por rebasar la capacidad de las cañerías.
A finales de 2024 el problema se agravó y en enero de 2025 la situación llegó al punto de quiebre. La cañería presentaba deterioro, baja pendiente, acumulación de sedimentos y falta de cámaras operativas. No se trató solamente de una obstrucción puntual. El colapso dejó expuesta la fragilidad de un sistema que recibe los líquidos cloacales de una parte importante del área metropolitana.
Las consecuencias fueron graves para el cinturón verde mendocino, mientras que en los sectores más alejados del centro del distrito, el escenario tampoco fue mejor. El agua servida ingresó a jardines, patios y viviendas, desestabilizó paredes medianeras, arruinó pozos ciegos y obligó a las empresas de colectivos a cambiar sus recorridos habituales. Durante más de un año, decenas de familias debieron aprender a convivir con bombas de extracción funcionando en las puertas de sus casas, plagas de insectos y olores nauseabundos.
En el medio, las maniobras de emergencia terminaron por agravar su situación legal. Para evitar que las zonas urbanas se inundaran por completo, Aysam derivó efluentes crudos hacia canales de riego como el Pescara y el Rama 12. Irrigación respondió aplicando sanciones económicas consecutivas a la empresa provincial, alcanzando en mayo de 2026 una multa récord de $120 millones tras descubrirse que operarios habían roto intencionalmente la pared impermeabilizada de un canal para volcar líquidos sin ningún tipo de tratamiento ni cloración.
El caso dio un salto definitivo hacia la Justicia penal. La fiscalía de instrucción imputó formalmente al presidente de Aysam, Humberto Mingorance, junto a dos gerentes, por contaminación peligrosa del agua y el suelo bajo la Ley de Residuos Peligrosos y por daño agravado a bienes públicos, una acusación que prevé penas de entre 3 y 10 años de prisión.