El Senado aprobó este martes por unanimidad el proyecto de ley que crea un sistema de denuncias ambientales georreferenciadas, una herramienta que permitirá a los ciudadanos aportar fotografías y videos de presuntas infracciones ambientales a través de una plataforma digital oficial. La iniciativa, impulsada por legisladores de Cambia Mendoza y con apoyo del peronismo, obtuvo media sanción y ahora será analizada por la Cámara de Diputados.

La propuesta establece un marco jurídico para la recepción, preservación y tratamiento administrativo de registros audiovisuales aportados por particulares, con el objetivo de fortalecer las tareas de fiscalización ambiental y ampliar la capacidad de control del Estado sobre posibles infracciones en todo el territorio provincial.

Cómo funcionará la plataforma

El proyecto prevé el desarrollo de una aplicación oficial administrada por el Ministerio de Energía y Ambiente. A través de ese sistema, los ciudadanos podrán reportar en tiempo real posibles incumplimientos de la normativa ambiental mediante fotografías y videos con georreferenciación.

La plataforma incorporará herramientas de validación de identidad, sellado temporal, códigos de verificación y otros mecanismos tecnológicos destinados a garantizar la autenticidad, integridad y trazabilidad de la información presentada.

La norma aclara que el material aportado por los ciudadanos podrá incorporarse como elemento de prueba dentro de un procedimiento administrativo, aunque no constituirá por sí solo una infracción. La autoridad competente deberá analizar cada caso, respetar el debido proceso y garantizar el derecho de defensa antes de adoptar cualquier sanción.

“Buscamos modernizar el sistema de denuncias”

Durante el debate, la senadora Yamel Ases explicó que la iniciativa busca dar respaldo legal a una práctica que actualmente se realiza de manera informal mediante redes sociales o aplicaciones de mensajería.

“Buscamos modernizar el sistema de denuncias ambientales, permitiendo que la ciudadanía aporte registros audiovisuales en tiempo real mediante una aplicación oficial que garantice la autenticidad y trazabilidad de la evidencia. El Ministerio de Energía y Ambiente será la ventanilla única, respetando competencias municipales, y se asegurará el debido proceso y el derecho a defensa”, sostuvo la legisladora.

Ases agregó que el proyecto también se integra al proceso de digitalización de la administración pública previsto en la Ley 9625 y toma como referencia el Acuerdo de Escazú, además de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas vinculados con la protección ambiental y la participación ciudadana.

El PJ acompañó, pero advirtió que no reemplaza el rol del Estado

Desde el Interbloque Encuentro Mendocino, la presidenta del bloque justicialista, Adriana Cano, respaldó la iniciativa en general, aunque remarcó que la participación ciudadana no debe sustituir las responsabilidades del Estado en materia de control ambiental.

“Este proyecto demuestra que las leyes son mejores cuando se construyen con diálogo y participación. La ciudadanía debe tener más herramientas para colaborar con el cuidado del ambiente, pero eso no puede significar que el Estado renuncie a sus obligaciones”, afirmó.

La senadora también destacó que la herramienta permitirá controlar eventuales incumplimientos cometidos por organismos públicos.

No obstante, Cano insistió en que la futura aplicación no puede ser utilizada como argumento para reducir la presencia estatal. “El poder de policía ambiental sigue siendo una responsabilidad exclusiva del Estado. Una aplicación móvil no reemplaza inspectores, controles técnicos ni políticas de prevención. La primera línea de defensa del ambiente sigue siendo un Estado presente.”

Qué establece el proyecto

La iniciativa dispone que el Ministerio de Energía y Ambiente será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la administración del sistema, el análisis técnico de los registros y la derivación de las actuaciones a los organismos competentes. En los casos que involucren competencias municipales, la plataforma funcionará como un mecanismo de coordinación entre la Provincia y los municipios.

El proyecto también se apoya en principios establecidos por el Acuerdo de Escazú y en las constituciones Nacional y de Mendoza, que reconocen la responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad en la protección de los recursos naturales. Tras recibir media sanción en el Senado, ahora deberá ser debatido por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.