La interna del Partido Justicialista (PJ) de Mendoza sumó este viernes un capítulo más, el más importante y delicado hasta el momento. Una nota que fue elevada al Tribunal de Disciplina solicita la expulsión y la pérdida automática de antigüedad como afiliados de los diez candidatos de La Cámpora que competirán en las elecciones de febrero por fuera del peronismo, con espacio propio, el Frente Patria.
El pedido de expulsión incluye a Paloma Scalco, vicepresidenta del PJ en la provincia, y a otros nueve candidatos que el 22 de febrero buscarán ser concejales en San Rafael, Rivadavia y Luján, los tres departamentos en donde La Cámpora se abrió del peronismo. Se trata de Bruno Ceschín, Pedro Hipólito Martínez, Daniel Mazurenco, Gisela Flores, Nadir Yasuff, Mariela Herrera, Roxana López, Acosta Hidalgo, Sebastián Videla y Facundo Martín.
Los dirigentes que solicitan la expulsión de los candidatos afirmaron que los apuntados aceptaron ser candidatos en listas municipales por fuera del PJ para las elecciones del 22 de febrero de 2026, sin autorización del Congreso Partidario Provincial.
Aseguran que los diez camporistas violaron el artículo 71 de la Carta Orgánica del PJ y cometieron una falta grave al “aparecer como candidato en la lista de otro partido sin autorización del Congreso Partidario”. La consecuencia directa prevista es la pérdida automática de la antigüedad y habilita incluso la expulsión.
La denuncia sostiene que no se trata de una disidencia interna ni de una postura política, sino de una participación electoral activa en favor de otro espacio. Esta actitud, advierten, es incompatible con los deberes de “lealtad, disciplina y coherencia doctrinaria” que impone la afiliación. Plantean que competir contra el PJ desde otro frente mientras se conserva la afiliación socava la vida orgánica del partido.
Por esto, le solicitaron al Tribunal de Disciplina que declare la inconducta partidaria grave y aplique la máxima sanción, la expulsión.
Si bien la nota está dirigida a diez dirigentes puntuales, no se descarta que continúen ingresando pedidos de expulsión de más afiliados, como los apoderados de las listas de La Cámpora, o la propia Anabel Fernández Sagasti.