Dos alumnos del Normal, que son autores de algunos de los llamados de amenazas de bomba, fueron apartados de esa escuela y enviados a otras instituciones educativas. Según explicó la fiscal Laura Rousselle, quien lleva las causas, ya tienen a ocho alumnos identificados y todos correrían la misma suerte.

“No es un castigo, pero la falta que cometieron es innegociable, según la resolución 446 del Manual de Convivencia. La intención de los chicos era hacer una broma pero hay bromas que tienen graves consecuencias y, como son menores en formación, no podemos hablar de castigo sino de que se hagan cargo de las consecuencias”, detalló Mariana Gómez Centurión, directora de Educación Secundaria de la Dirección General de Escuelas (DGE).

Además, comentó que vienen realizando talleres con los alumnos y docentes –dictados por personal de la DGE y el Ministerio de Seguridad– para que los estudiantes del secundario de la Tomás Godoy Cruz “entiendan las consecuencias sociales que tienen las llamadas de amenazas de bombas que realizaron algunos de sus compañeros”.

Al parecer, estos cursos venían dando ciertos resultados, hasta que, ayer por la tarde, nuevamente, debieron desalojar la institución por otro llamado que alertaba sobre un objeto explosivo. “Estamos movilizados con este nuevo llamado después de todo el trabajo que hemos realizado con los chicos”, dijo Gómez Centurión.

Y agregó que, a medida que la Justicia vaya identificando a más alumnos como autores, los mismos serán apartados de la escuela. “Los padres de los chicos que ya cambiamos de institución, en un principio, pusieron resistencia pero, después, se dieron cuenta de que tenían que hacerse cargo de lo que realizaron. Nosotros apostamos a que cambiándolos de contexto van a reflexionar sobre lo que hicieron”, agregó la funcionaria.

Andrés Cazabán, jefe de gabinete de la DGE, explicó que le aportaron a la fiscal los números telefónicos de los alumnos y de los padres para que corroboren si son de los mismos desde donde han realizado los llamados. Sin embargo, Rousselle contó que la lista no les ha sido de mucha ayuda y que la investigación está demorada porque las compañías telefónicas tardan en entregar los datos solicitados.

Por su lado, Alejandro Gil, secretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, detalló que han realizado un informe con los gastos operativos que han demandado todas las llamadas y el mismo será enviado a la Fiscalía de Estado para que evalúe si estos costos deben correr por cuenta de los padres de los bromistas.