Alfredo Cornejo comenzará a definir en octubre el cierre legislativo de su primer año de gestión en su segundo mandato como gobernador. Las miradas estarán puestas en la Casa de las Leyes, donde se debatirá una serie de proyectos claves para Ejecutivo.
En ese listado se destacan el Presupuesto 2025, las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) del Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) y la presentación del Código de Aguas.
Para llevar adelante las discusiones, la Legislatura prorrogó las sesiones ordinarias, que concluían este lunes, hasta el 31 de octubre. De esta manera, el gobernador consiguió más tiempo para presentar estas tres iniciativas que considera clave para su gestión.
Además, en la Legislatura se encuentran otros proyectos que también son impulsados por el oficialismo y que se debatirán en octubre. Estas iniciativas incluyen la disolución del EPAS, la regulación de las empresas de seguridad privada y la posibilidad de modificar algunos artículos de la Constitución provincial.
Presupuesto 2025
La Constitución Provincial establece que hasta el 30 de septiembre, el gobernador en funciones tiene tiempo para presentar el proyecto de presupuesto en la Legislatura. Sin embargo, la carta orgánica también permite solicitar una prórroga de hasta 15 días para su presentación. Por ello, Cornejo aprovechará esa extensión y enviará la pauta de gastos el próximo 10 de octubre.
Una vez que regrese de su viaje al Reino Unido, donde participa en el evento minero “London Metal Exchange Week”, Cornejo volverá a Mendoza para presentar directamente el presupuesto que propone para el próximo año.
Hasta el momento, el mandatario provincial ha revelado que habrá una disminución en diversos impuestos provinciales y que solicitará un nuevo “rollover“. Para lograr este último punto, necesitará el apoyo de dos tercios de ambas cámaras legislativas.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, aseguró que el “rollover” de la deuda ha beneficiado el perfil de las obligaciones de la provincia. Para el año próximo, el Ejecutivo admitió que buscará una nueva autorización para refinanciar sus vencimientos en dólares, que son de suma importancia.
Para el año 2025, la provincia enfrentará pagos de deuda por más de 128 millones de dólares (97,8 millones corresponden a pagos de capital y 30,95 millones en intereses) y $49.000 millones.
En materia tributaria, Cornejo presentará tres novedades en el esquema de impuestos: la eliminación de los topes del impuesto Automotor, la incorporación de rebajas en las alícuotas de Ingresos Brutos para ciertos sectores y una nueva reducción en el impuesto de Sellos, que pasará del 2,5% al 2,25%.
Otro punto que concentrará la atención de los intendentes y de la oposición será el plan de obras públicas que presentará la gestión radical. Para 2025, el esquema de infraestructura contará con los 1.023 millones de dólares que estaban destinados a la construcción de Portezuelo del Viento.
Esto es después del laudo en contra del expresidente Alberto Fernández para la construcción de la represa hidroeléctrica. El actual mandatario nacional, Javier Milei, le otorgó, mediante una adenda, a Cornejo la disposición de esos fondos para obras públicas.
El gobernador ha dejado en claro que esas partidas se destinarán a construcciones que generen reembolsos o que cambien la matriz productiva de Mendoza.
Distrito Minero
Después de que se realizara a mediados de septiembre la audiencia pública donde se presentaron las Declaraciones de Impacto Ambiental del Malargüe Distrito Minero Occidental, el Ejecutivo provincial última los detalles para enviar el documento a la Legislatura.
Ese proyecto contendrá 34 iniciativas mineras a desarrollar en el departamento sureño.
La semana pasada, la Autoridad Ambiental Minera, integrada por las direcciones de Minería y Protección Ambiental, respondió a las consultas realizadas por quienes se presentaron en la audiencia pública.
El próximo paso es que el Ministerio de Ambiente y Energía envíe el proyecto que incluirá las 34 DIA. En principio, el documento ingresaría a mediados de octubre por la Cámara de Diputados.
Código de Aguas
En mayo, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, Cornejo adelantó que para este año enviaría un proyecto para modificar el Código de Aguas de Mendoza, así como la puesta en marcha de un nuevo Plan Hídrico. En junio, el Departamento General de Irrigación presentó un borrador de la iniciativa que busca cambiar la norma que fue sancionada en 1884.
La propuesta elaborada por el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, ha generado reacciones, ya que miembros de la oposición y grupos ambientalistas se han manifestado en contra.
Los puntos más cuestionados son los artículos 70 y 71 de este texto preliminar, que establecen las prioridades para la otorgación de derechos de agua cuando esta no sea suficiente para todos los sectores.
Hasta el momento, el proyecto se encuentra disponible en la página web de Irrigación para que quienes deseen realizar observaciones o aportes puedan hacerlo.
El Código de Aguas podría ingresar a la Legislatura la última semana de octubre. Mientras tanto, el plan hídrico no ha tenido avances, y el Ejecutivo evalúa presentarlo a finales de 2024 o directamente en 2025.
Disolución del EPAS
En las últimas semanas, a la Cámara de Diputados ingresó un proyecto enviado desde Casa de Gobierno que propone la disolución del Ente Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS) y que sus facultades pasen a estar bajo la órbita de Irrigación. La iniciativa ya ha comenzado a debatirse en comisiones.
Con el argumento de una “reestructuración administrativa”, el Ejecutivo quiere que Irrigación comience a controlar a la principal prestadora del servicio de agua potable y cloacas, AYSAM. También deberá realizar los estudios de costos para determinar los futuros aumentos en las facturas.
De concretarse, estas funciones pasarían a estar en una nueva dirección dentro de la órbita de la Secretaría de Gestión Hídrica, que está dirigida por Diego Coronel.
El EPAS cuenta con 62 empleados, y el proyecto garantiza un posible reacomodamiento tanto en Irrigación, AYSAM como en áreas del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Lo que pretende el oficialismo es que exista una excepción en la Ley de Contrato y que el Gobierno abone el 100% de las indemnizaciones y no el 50% como establece la norma.
Regulación de las empresas de Seguridad Privada
Con media sanción de Diputados, el proyecto que regula la actividad de las empresas de seguridad privadas deberá conseguir su aprobación definitiva en el Senado. Esta iniciativa es la última de las 11 que presentó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, a principios de año.
La iniciativa oficial establece límites al funcionamiento de las tres cooperativas que operan en la provincia, lo que fue celebrado por la cámara que agrupa a las firmas.
La norma cuenta con 52 artículos que, entre los más destacados, incluyen la profesionalización de los empleados de las empresas de seguridad y la limitación de las tres cooperativas que existen en la provincia: Sarpol, Akon-Ahuac y Sistema de Información Generales (SIG).
Actualmente, hay 175 empresas de seguridad registradas en Mendoza en el Repriv, que emplean a 10,000 personas. La norma establece que los empleados deben contar con la formación correspondiente y el certificado de buena conducta para poder trabajar.
¿Cambios en la Constitución Provincial?
Si bien Cornejo está concentrado en el presupuesto 2025 y las DIA, en la Legislatura hay una discusión entre el oficialismo y la oposición respecto a diversos proyectos que buscan modificar algunos artículos de la Constitución provincial.
Cambia Mendoza propone agregar en el artículo 42 que los gobiernos provinciales y municipales cumplan con el equilibrio fiscal en sus gestiones. El peronismo aspira a implementar la autonomía municipal.
Mientras que La Unión Mendocina plantea un acuerdo de cinco puntos a largo plazo. Entre ellos, solicita cambiar la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia o que los legisladores provinciales puedan reelegirse una sola vez.
Un detalle a tener en cuenta es que la Ley de Enmienda de Mendoza solo permite realizar una modificación a la carta orgánica de la provincia por año. Para que esto suceda, primero el proyecto debe ser aprobado por dos tercios de ambas cámaras legislativas y luego someterse a un plebiscito para que la sociedad mendocina decida votar a favor o en contra.