El gobernador Alfredo Cornejo anunció este miércoles en su discurso en la apertura del Año Judicial que, en los próximos días, enviará a la Legislatura un proyecto para ampliar los delitos incluidos en la extinción de dominio.
Cornejo destacó que durante su primera gestión se creó la ley de extinción de dominio, por el que los funcionarios públicos con sentencia firme de delitos vinculados con la administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito y afirmó que buscará incorporar delitos como la estafa.
“En nuestra búsqueda por promover la transparencia y combatir la corrupción, durante mi primera gestión se sancionó la Ley de Extinción de Dominio, convirtiendo a Mendoza en la primera provincia del país en aprobar esta ley y obtener una sentencia firme en contra de un funcionario corrupto. Esta es una herramienta para evitar el disfrute económico del delito, y en este sentido enviaremos en breve una modificación al Código Procesal Civil para ampliar la aplicación del proceso de extinción de dominio a otros delitos como, por ejemplo, la estafa”, afirmó el mandatario.
El caso emblema de la extinción de dominio en la provincia es el exintendente de Guaymallén, Luis Lobos, y su ex mujer, Claudia Sgró, quienes en febrero del 2021, en un falló histórico, perdían parte de su patrimonio en un juicio de extinción de dominio por hechos de corrupción.
En total, había un capital cercano a $4 millones que Lobos y su esposa habrían generado a partir del 2003, aparentemente, en perjuicio del erario público.
Los bienes fueron adquiridos entre octubre de 2003 y noviembre de 2015. Se trata de un inmueble de 1.600 metros cuadrados ubicado en El Sauce con salida a la calle Tirasso y otro en Villa Nueva con una superficie de 69 metros cuadrados.
En mayo del año pasado, La Cámara de Senadores dio sanción al proyecto de modificación del Régimen Procesal de Extinción de Dominio que le permitirá la Dirección General de Escuelas disponer de los bienes provenientes de delitos de corrupción, siendo la propiedad de Lobos la única bajo estas condiciones que había en la provincia.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Educación, Cultura, Infancia y DGE, Tadeo García Zalazar, con el fin de buscar mayor financiamiento para el sistema educativo provincial.