La reconocida jurista y ex integrante del máximo tribunal, Aída Kemelmajer de Carlucci, se refirió a la situación que atraviesa la cúpula de la Justicia local con posturas irreconciliables. “La Corte de Mendoza ha perdido credibilidad en la opinión pública”, subrayó.

En las últimas semanas, volvió a evidenciarse la notoria politización que existe en la Suprema Corte entre los ministros filoradicales y los vinculados al peronismo. Prueba de eso fue la decisión del presidente del cuerpo, Dalmiro Garay, de dar de baja una resolución de teletrabajo que impulsó la Sala II. 

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A eso se sumaron dos fallos de los ministros de extracción justicialista, Mario Adaro y Omar Palermo, que tuvieron feroces críticas contra Garay por el “uso discrecional del plenario”. Esto último terminó de tensar las relaciones en un Poder Judicial que día a día da muestras de la fractura política reinante.

La principal disputa se da en la Sala I (María Teresa Day, Julio Gómez, Pedro Llorente) con mayoría radical y la Sala II con mayoría peronista (Adaro, Palermo, José Valerio).

La normativa vigente (N° 4.969) estableció fechas para ingresar las demandas, por lo que del 1 al 15 van a la Sala I y, del 16 al último día del mes, entran por la Sala II. Según el tema de la acción judicial, los demandantes analizan la conveniencia de que ingrese en una u otra.

“No he seguido la jurisprudencia de la Corte de la provincia en los últimos años relativa a los procesos contencioso-administrativos (APA), que es donde normalmente se verifica la politización que llamo ‘barata’, o sea, cuando la sentencia da razón al gobierno por ser tal, con argumentos insostenibles, a diferencia de otra que llamo ‘ideológica’ y que está fundada en razones que, aunque no se compartan, pueden encontrar base en algún tipo de interpretación constitucional”, añadió la letrada.

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Según manifestó Kemelmajer, habría que analizar las sentencias de ambas salas para comparar qué sucedió. Esto teniendo en cuenta que las estadísticas muestran que en los últimos seis años, el 75% de las demandas ingresaron por la Sala II, que tiene mayoría peronista.

“No obstante, es verdad que, sea por lo que dicen los abogados, los medios, los litigantes, o cualquiera que sea, la Corte de Mendoza ha perdido credibilidad en estos últimos años en la opinión pública”, añadió la jurista.

– ¿Qué falló en estos años en la Justicia mendocina que terminó así de politizada y con esa falta de credibilidad?

– Las razones son muy diversas. Hay símbolos, imágenes, que, aunque parezca mentira, inciden en esa credibilidad. Por ejemplo, el juramento de la doctora Day, más allá de que si su designación cumplía o no con los requisitos constitucionales, se hizo en la sede del Poder Ejecutivo, rompiendo una tradición de que los ministros juran en la sede del Poder Judicial.

Quizás si se pregunta individualmente a las personas, las respuestas serían que eso no importa. Pero en el imaginario colectivo estos hechos generan deterioro, aunque los tremendos problemas económicos provocan que el tema de la independencia judicial interese menos a la población en general. 

– ¿Cree que sería necesario cambiar las fechas de las salas para que las demandas no ingresen según la conveniencia política? En ese caso, ¿cuál es la mejor forma de distribuirlas?

– Si el estudio del contenido de las sentencias mostrara que efectivamente existe esa politización, entonces, una manera de evitarla es el sorteo; no conozco otra.

En Mendoza, hubo una época en la que los jueces se dividían en ‘amparistas’ y ‘no amparistas’, según fueran más o menos sensibles a los derechos fundamentales de la gente. Entonces se cambió el sistema y los amparos empezaron a sortearse. Por supuesto, queda la variante de la recusación al juez, pero siempre crea una barrera.

– ¿Está de acuerdo con los ministros Mario Adaro y Omar Palermo que señalan que Dalmiro Garay hace un ‘uso discrecional’ de los llamados a plenario?

– No he realizado un estudio concreto de las causas, pero si la politización existe, una vía perversa para modificar el criterio de una sala es llamar a plenario de modo arbitrario. Eso es más que discrecional, pues se llama a plenario sin que existan razones valederas. No se puede inventar gravedad institucional en haber dejado cesante un funcionario, por ejemplo.

– ¿Cree que en estos años se ha perdido la independencia en la Suprema Corte de la provincia a raíz de la politización y los cambios que se vienen realizando?

– Haya o no perdido independencia, lo cierto es que se ha perdido confianza y esto es muy grave para el Poder Judicial. Reconquistar la confianza o prestigio perdido no es fácil, pero hay algunos instrumentos posibles.

Los jueces hablan por sus sentencias, por lo que el mayor esfuerzo debe ponerse en redactar buenas sentencias, con fundamentos serios. Por allí se debe empezar. Los votos de unos y otros no pueden ser sordos. O sea, la sentencia debe contener el argumento y su crítica para que después el otro replique.

También se pueden realizar más audiencias públicas en las causas que interesan a la opinión pública, un trabajo armonizado entre ambas salas de modo de evitar jurisprudencia claramente contradictoria y una mayor publicidad y explicación de sus decisiones. O sea, la oficina de prensa debería ser, como fue en otros tiempos, más activa: explicar las decisiones, salir a la calle a recoger inquietudes entre las personas que han tenido que litigar alguna vez, hacer más actividades en conjunto con el Colegio de Abogados.