La anomia, la falta de reglas claras y del imperio de la ley que se está evidenciando a nivel nacional también tiene su correlato en Mendoza. Con una salvedad: la provincia, hasta ahora, se había mostrado como una isla de institucionalidad en medio de las imágenes que a través de los medios llegan desde el conurbano bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa furia, ese descontrol, esa sensación de que cada uno puede hacer lo que quiera por encima de la ley, no forma parte del paisaje mendocino. O no solía hacerlo.

Mientras el círculo rojo local está centrado en las reformas sobre el funcionamiento de la Suprema Corte, en Mendoza están pasando cosas. ¿Qué cosas? Delitos de todo tipo y color; están proliferando como nunca antes los motochorros y la sensación es que la inseguridad está superando los niveles aceptables, más allá de lo que puedan marcar las estadísticas criminales. Robos de autos y de ruedas, entraderas y salideras. A esa fauna urbana a la que no está acostumbrado el mendocino promedio, se sumó el acampe del Polo Obrero en la Plaza Independencia.

La paciencia mendocina ya estaba llegando a niveles impensados con las marchas que suele organizar el movimiento de izquierda cuando, sin que las autoridades provinciales y municipales pudieran evitarlo, decidieron pasar toda la noche en el punto neurálgico del microcentro.

La reacción fue de tolerancia cómplice, más allá del anuncio por parte de la Municipalidad de Ciudad de una multa por el uso indebido de la plaza, que puede superar los $135 mil, y de la legitimidad de los reclamos. Algo así como esperar a que pase la ola y rogar que no se produzca ningún incidente en el durante.

Sucedió algo similar cuando movimientos autopercibidos feministas arrasaron con edificios públicos tras el femicidio de Florencia Romano. El Gobierno decidió no actuar a pesar de la flagrancia de los delitos cometidos. El resultado tuvo un coste millonario para la provincia.

El temor a frenar desmanes o a hacer respetar la ley genera temor e inseguridad en la clase dirigente. Esa falta de decisión se hace eco en todo el arco político porque, se sabe, será utilizado por quien eventualmente esté en la oposición para victimizar a los responsables y emprender acciones contra el oficialismo. Forma parte de la inmadurez política que Mendoza y el país supo conseguir. Es pánico a leer la palabra “represión” en algún título por las connotaciones negativas históricas. En su lugar, optan por dos frases que definen la actualidad del país y de la provincia: “todo vale”, primero; “todo pasa”, después.

Esa permisividad está cambiando la lógica social de Mendoza. Y es un aspecto que, sin dudas, muestra cierta debilidad del gobierno. Le resta la autoridad que aumenta cada vez que tiene un enfrentamiento con la Casa Rosada. Porque acá no tiene manera de esquivar el conflicto ni de echarle la culpa al resto.

Actuar con firmeza en este tipo de escenarios tampoco ha sido el perfil destacado de las fuerzas de seguridad. La última experiencia concreta fue durante el inicio de los reclamos antimineros, donde la Policía no demostró organización ni preparación y salió a disparar a discreción postas de goma y gases lacrimógenos en medio de las calles más transitadas de la Ciudad. A eso se agrega un aspecto no menor: las marchas del Polo Obrero están pobladas mayoritariamente por mujeres y niños; una estrategia que condiciona cualquier tipo de intervención.

La duda es determinar cuál es el precio que el Ejecutivo está en condiciones de asumir si Mendoza se convierte en una réplica del desorden, la ira y el cólera de las calles porteñas. Y hasta dónde los mendocinos están dispuestos a modificar su vida cotidiana antes de reaccionar y dejar en claro el descontento.