“No tenemos miedo”, dijo Ana, hija de José Benedicto Ortiz, asesinado hace 31 años en una manifestación en la que se reclamaba cambios a un gobierno de facto, es decir, se reclamaba democracia, y hoy, a 30 años de esa recuperación, la familia de esta última víctima de un proceso nefasto se anima a avanzar en la investigación de este crimen.

José Benedicto Ortiz nunca fue olvidado por su esposa, por sus hijos, por sus nietos, por sus amigos y por algunos de sus compañeros de lucha gremial, pero en los últimos tiempos ha habido mayores reconocimientos públicos a su figura. Por ejemplo, un proyecto de ley para que su familia tenga una reparación económica por este delito cometido por fuerzas de seguridad, o colocar una placa y ponerle su nombre a un paseo que está ubicado a metros de donde fue acribillado, Pedro Molina entre Mitre y Patricias Mendocinas. Pero para cerrar una cadena de homenajes, la decisión de la familia Ortiz parece ser el eslabón final que debería servir para ponerle grillete a los responsables de uno de los actos finales en Mendoza del terrorismo de Estado.

Los Ortiz han madurado esta decisión de ir a la Justicia y reclamar que se esclarezca lo ocurrido el 30 de marzo de 1982, una época en que muchas historias quedaron eclipsadas por el desembarco argentino en Malvinas, como en el caso de José Benedito, quien falleció el 3 de abril cuando el país entero miraba lo que sucedía en el Atlántico Sur.

El 30 de marzo de 1982 hubo una movilización organizada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la que tenía como consigna una crítica a la situación económica del país y la falta de libertad que ejercía el gobierno, y como mayor ejemplo de esta represión, una columna de manifestantes recibió una ráfaga de balazos que partieron desde una camioneta de la Gendarmería.

Entre los heridos más graves estuvo José Benedicto Ortiz, quien fue trasladado hasta el Hospital Central, y sobre quien se montó una guardia de seguridad tan férrea, que su esposa, hijos y amigos no pudieron acceder a él en sus horas finales.

Luego vinieron fuertes condicionamientos para que les entregaran el cadáver, persecuciones y vigilancia a esta familia, que tardó muchos años en cerrar de a poco las heridas y a quienes les hicieron sentir el temor de que los iban a matar.

Ahora, esta familia ha recibido los gestos de acompañamiento de quienes representan a la clase política con responsabilidad en el Gobierno, ya que desde el Ejecutivo se han comprometido a hacer las presentaciones necesarias en los tribunales y, ayer, en la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto para que los Ortiz reciban una compensación económica por el crimen de Jose Benedito.

María José Ubaldini, subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia ha estado en contacto con la familia y, en los próximos días, mantendrán una reunión para avanzar en la demanda y de esta forma ir reuniendo la documentación y estudiar la presentación judicial de este hecho, que se busca sea encuadrado como un delito de lesa humanidad.

Gustavo Arenas, diputado oficialista y jefe de su bloque, es el autor de la iniciativa para que los Ortiz reciban una reparación económica de trescientos mil pesos, un proyecto que ya fue aprobado por la unanimidad de la Cámara Baja, y que de no mediar inconvenientes debería encontrar su sanción final del Senado en los próximos días.

Los herederos de José Benedicto están agradecidos de los reconocimientos institucionales que se le vienen haciendo a este sindicalista de la Asociación Obrero Minera de Argentina (Aoma), y como ciudadanos que han estado atentos al rol del Estado en el proceso que se ha dado en los últimos tiempos en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, han visto que este es el momento de retomar las enseñanzas de la lucha organizada y buscar justicia.

“No debe quedar impune lo de mi padre. En su momento hubo una investigación superficial en la que se responsabilizó a la Gendarmería, pero fueron más las amenazas que sufrimos”, dijo Raúl, hijo de José Benedicto.

“Fue un obrero luchador y no queremos que quede en el olvido. La sangre de mi viejo creo que fue parte de la llave que abrió la puerta para la democracia”, expresó, orgulloso, quien ha seguido el legado de su papá y es secretario gremial de la Unión de Choferes Profesionales de Mendoza.

Raúl participó en la marcha en la que fue asesinado su padre, ya que en esa época estaba en el sindicato de choferes de ómnibus y vio caer a un hombre malherido sin saber de quién se trataba, ya que José Benedito no quiso que lo acompañara, pero el joven igual se había plegado a la movilización con otro grupo.