Quince días atrás, cuando se conoció lo que por entonces era el proyecto de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva –que más tarde se convertiría en la primera norma de peso con muchas de las promesas de campaña con la que el presidente Alberto Fernández inauguraría su gobierno– salía a la superficie también la decisión del gobierno peronista de recomponer el sistema de subsidios que la administración de Mauricio Macri había comenzado a eliminar cuando dispuso la dolarización de las tarifas, por un lado, y la suspensión de buena parte de los subsidios domiciliarios y económicos –en particular para el caso del gas y la electricidad– que durante la última gestión del kirchnerismo beneficiaron, especialmente, al Área Metropolitana de Buenos Aires, conocida como AMBA. Casi sobre el fin de año, un poco más cercano en el tiempo, el gobierno de Fernández extendería esa misma política al precio de los combustibles, evitando que aumentaran 5 por ciento, en promedio, una suba que se preveía luego de que Macri, casi desesperado y en modo electoral tras la dura derrota de las PASO de agosto, tomara la decisión de congelar su valor hasta el último día del 2019.

Mientras, aquí en Mendoza tomaron nota de los alcances de aquella decisión política de Fernández con la que arrancó su gobierno. Esa medida incluía que el Estado nacional seguiría controlando, por medio de una intervención de los entes reguladores –en particular el ENRE–, las mayores distribuidoras eléctricas, Edenor y Edesur, que la administración de Cambiemos había dispuesto transferir a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, territorios en donde tienen su radio de operaciones y para que las mismas administraciones de gobierno autónomas se hicieran cargo de los voluminosos subsidios con que se mantienen tales servicios. En buen romance, cuando Fernández dispuso el congelamiento de las tarifas, lo hizo para el caso de los servicios de jurisdicción nacional, incluyendo el del gas. Y, al retomar el control de Edenor y Edesur, extendió el beneficio del congelamiento del precio de la electricidad al Área Metropolitana de Buenos Aires, todo costeado con recursos del Estado nacional. Como antaño, los habitantes de buena parte del interior del país vuelven a financiar con sus recursos los subsidios que permiten a los bonaerense y porteños pagar menos tarifas.

Ayer nomás, el Ejecutivo nacional volvió a tomar una medida que beneficia al Área Metropolitana cuando el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Transporte, Mario Meoni, anunciaban que se mantendrán inalterables, sin cambios, las tarifas actuales de colectivos y trenes por un plazo de 120 días, una decisión que impacta positivamente en los bolsillos de aproximadamente 15 millones de pasajeros, todas domiciliados, claro está, en el AMBA.

Se sabe, además, que tales decisiones tendrían su repercusión en las provincias y que, como es de esperar, aparecerían tensiones, particularmente en las administraciones no justicialistas como Mendoza. Cuando ayer, a primera hora de la mañana, el gobernador Rodolfo Suarez anunció el congelamiento de las tarifas para los servicios de transporte y de electricidad, lo hizo con un informe previo del impacto fiscal de tal decisión. A eso se sumó, como se sabe, el congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos por seis meses y el no cobro de un aumento que viene previsto del año pasado del orden de 6 por ciento que se debía abonar en enero. Esto último posibilitará un ahorro fiscal de un poco más de 40 millones de pesos.

Pero el Estado tendrá que asumir un costo por el congelamiento de las tarifas: en el caso de la electricidad se ha proyectado un monto de alrededor de 3.000 millones de pesos y para el del transporte, de unos 500 millones de pesos, que de algún lado tienen que salir. Los funcionarios del Gobierno describieron como un beneficio otorgado por la administración de Suarez que permitirá que tanto pymes como ciudadanos comunes cuenten con esos 3.500 millones de pesos para otros fines al no tener que destinarlos al pago de los aumentos de los servicios. No obstante, de forma paralela, debió encarar una negociación con las empresas del transporte y con las distribuidoras de energía (Edemsa y las cooperativas) para absorber en partes equitativas el costo de lo que será un subsidio, ni más ni menos, como el que operará en Buenos Aires.

La historia continuará en los despachos nacionales, en el Parlamento, probablemente, y seguro que en los reclamos que hará Mendoza a la Nación para que se les reconozca a los mendocinos lo mismo que se les ofrece a los bonaerenses. Es una disputa que no sólo tendrá como protagonistas al Gobierno mendocino con la Nación, sino, con seguridad, también a muchas otras provincias.

Por el momento, el discurso pasa por lo que Fernández describe como solidaridad y por el guiño, cómplice, que muchas provincias y organizaciones sindicales de extracción peronista han asumido con el gobierno de Alberto y de Cristina: el ajuste a los sectores medios no es ajuste, es solidaridad; y se trata de un gesto con el que se premia el voto recibido de los sectores más desprotegidos y castigados por la economía argentina y la gestión de Cambiemos; y, otra vez, como muchas veces antes, el AMBA vuelve a ser una niña bonita a quien hay que mimar y proteger. El punto es que en ese AMBA, la situación personal de los supuestamente millones de protegidos llamativamente siempre es la misma, no tiene cambios, estancada por los siglos de los siglos. Toda una perversión que no tiene nombre.