Finalmente, el gobierno de Mauricio Macri dio vía libre a sus legisladores parlamentarios para que habiliten desde este jueves, en sus bancas, la discusión política para la prórroga de la emergencia alimentaria en todo el país, según una serie de proyectos que fueron consensuados en el espacio opositor Frente de Todos. Fue el propio Macri, de gira proselitista en Rosario, quien, consultado por la prensa, declaró: “Si quieren cambiar o modificar el proyecto, estaremos disponibles”.

El presidente –al dejar el misterio sobre la actitud que asumiría su gobierno ante la presión de las organizaciones sociales y movimientos de piqueteros que tomaron las calles de Buenos Aires protestando a favor de las medidas reclamadas– recordó que la emergencia, en verdad, está vigente desde el 2002. “Hay herramientas suficientes para atender estas cosas. Carolina Stanley (por la ministra de Desarrollo Social) está siempre ayudando a aquellos que tienen la obligación primaria, que son los gobernadores; estamos siempre para asistirlos. Si quieren ampliar o cambiar el proyecto, estamos disponibles”, amplió Macri.

La crisis, desde ya, y una espiralización de la violencia urbana, motorizada por los grupos piqueteros que ayer fueron reprimidos en la Ciudad de Buenos Aires para evitar que los manifestantes cortaran el servicio del clave Metrobus, pudieron haber convencido a Macri de que sus legisladores aceptaran discutir los proyectos de emergencia en el Parlamento. Pero también, en apariencia, se llegó a esa decisión tras un acuerdo político alcanzado con los sectores legislativos de la oposición con los que el oficialismo está monitoreando la sensible e inestable paz política, tras el resultado que descubrieron las PASO del 11 de agosto. Referentes del peronismo, entre ellos, Felipe Solá, comisionados por el candidato a presidente Alberto Fernández para llevar adelante las negociaciones con el oficialismo, pretendían que Macri modificara la emergencia alimentaria que se alumbró en el 2002. La idea era evitar, en principio, confrontar con los legisladores de Cambiemos, de forma pública, en un debate parlamentario que podría traer consecuencias no deseadas en la calle. Hasta que Macri sorprendió en Rosario con sus declaraciones.

Alrededor de la meneada y necesaria emergencia social en Argentina hay de todo. En principio y de arranque, el reconocimiento de un estado desesperante en vastos sectores vulnerables del país, con el agravamiento de la situación en un sentido amplio. Y, además, la manipulación de los grupos opositores más reaccionarios de ese estado de situación que padecen los más postergados. Una manipulación obscena, claramente, y más que peligrosa e irresponsable, con los grupos piqueteros a la cabeza, dispuestos a desestabilizar hasta límites insospechados la crítica situación social de Argentina. Hasta que ayer, el Gobierno porteño dejó de lado su actitud pasiva para despejar, por caso, el Metrobus –el sistema de transporte que utilizan todos, especialmente los humildes y desocupados que se mueven por todo Buenos Aires dispuestos cada día a encontrar un trabajo digno– o una salida, aunque fuese temporal, a una situación desesperante.

Las irrupciones de la CTEP de Juan Grabois en los centros comerciales urbanos, las amenazas en la vía pública, la violencia particular y propia de los piqueteros, debe ser condenada abiertamente por todos. Por eso, llamó la atención la pasividad de los principales líderes políticos de la oposición frente a esos hechos, porque tampoco alcanza con que sólo unos pocos dirigentes marginales y desprestigiados salgan a reprobar la actitud de los violentos. Y el Gobierno está obligado a resolver tales conflictos con el uso de la fuerza represiva, llegado el caso, porque es su obligación, dejando de lado las posturas especulativas y políticamente correctas que muchos han adoptado; actitudes políticamente correctas que no han hecho otra cosa que permitir la violación de la ley penal y de los códigos contravencionales que en algún momento fueron discutidos y aprobados democráticamente en el Parlamento nacional o en las legislaturas.

Argentina necesita, claro está, de muchas cosas, sobre todo, de seriedad y responsabilidad de la política. Dejar de ser ese país adolescente en el que se puede hacer cualquier cosa por imperio del gusto, del qué me importa el otro y donde la prepotencia y el autoritarismo se terminan imponiendo sobre los millones que, sufriendo y batallando con la misma miseria, prefieren la resolución de los conflictos por la vía del diálogo y en paz.

De aprobarse la prórroga de la emergencia, incluyendo las modificaciones que se discutan, tendrá su impacto más importante recién a partir del año próximo, con un nuevo gobierno, independientemente de que continúe gobernando el oficialismo o asuma el candidato opositor. De cualquier forma, será una nueva administración que deberá llevar adelante reformas obligadas quizás mucho más dolorosas que las que implementó Macri.

Dependerá de un nuevo acuerdo y de un contrato social amplio con la garantía de cumplimiento forzoso y sin fisuras. No habrá salida posible que no sea por medio de ese camino, porque de tanto mentirnos así le ha ido al país.