La tragedia argentina hay que buscarla más allá de nuestras entrañas, literalmente, las de cada uno, y también en los vericuetos más profundos de la patria. Quizás, en el futuro cercano, aparezca alguna mente iluminada que logre echarnos algo de luz y nos aclare el camino y el panorama bastante neblinosos que muchos vemos y con los que no nos sentimos a gusto; y eso, más allá del costado de la grieta en el que se esté, o más o menos conforme con quien gobierna los destinos del país, con su persona y con todo lo que pueda representar en cuanto a su origen político partidario.
Nuestra visión y actitud selectiva frente a algunos hechos que ocurren de tanto en tanto, cada vez más seguido –hay que lamentar–, es asombrosa y, por supuesto, extremadamente pavorosa e intrigante. ¿Qué ocurre para que, ante una misma situación, las reacciones populares y también institucionales sean diferentes? Y esa característica selectiva y arbitraria de nuestro pensamiento colectivo es, a la vez, evidente porque tampoco andamos por la calle o en los pocos foros públicos activos, preguntándonos por qué ocurre tal fenómeno. Es muy llamativo.
Las respuestas, como está dicho, deberían aparecer de quienes han ocupado toda una vida de estudios a la psicología social, por caso. Si se analiza en detalle el actuar de la política, de sus movimientos y desde sus diferentes agrupamientos, está claro que lo que para unos, tal o tales hechos configuran un escándalo, para otros, no lo son.
¿Por qué se tolera un ajuste en los haberes de los jubilados y pensionados durante una administración mientras que en otra no? ¿Por qué razón se llenó de piedras, cascotes y petardos el Congreso de la Nación hacia fines del 2017, cuando se protestó contra una reforma previsional que perjudicaría a los más viejos y por qué se tolera y hasta se mira con indiferencia la suspensión de una fórmula de aumento para los mismos jubilados, al ser suplantada por la discrecionalidad de un decreto que, cuando se aplica, ajusta a la baja lo que ya son por sí miserables ingresos? Es notable, claramente.
El cuerpo del obrero tucumano Luis Espinoza fue hallado asesinado en el arranque del fin de semana largo, descuartizado y con heridas de bala, dentro de una bolsa, en el fondo de un acantilado en territorio de Catamarca, a pocos kilómetros del límite con Tucumán. Había desparecido una semana atrás, luego de ser detenido en circunstancias muy dudosas por una patrulla de la Policía tucumana que controlaba el cumplimiento de la cuarentena. Espinoza y su hermano volvían de cobrar unos pesos en un banco cercano al lugar en donde residían. Luis viajaba a caballo. Su hermano fue testigo –el único– de los abusos de la policía contra Luis. Recién cuando su familia comenzó a realizar marchas y a visibilizar por su cuenta y desesperación el caso, los organismos de seguridad, de justicia, las instituciones y los medios se hicieron eco del drama. Lo mató una patrulla policial e intentó ocultar el tremendo delito. En el mientras tanto, ni siquiera ahora, que se tiene la semiplena prueba de la culpabilidad de la policía, nada cambió en la sociedad. No hubo manifestaciones, mucho menos enérgicas; no se les pidió a los Ejecutivos, a los gobiernos –ni al de la Provincia y ni al de la Nación– alguna respuesta institucional; nadie se desagarró las vestiduras, para ser claros. Mientras se investigaba, no hubo pedidos de respuestas, como sí surgieron con fuerza e inusitada virulencia por la lamentable desaparición de Santiago Maldonado, quien el 1 de agosto del 2017 se manifestaba a un costado de la ruta sobre el río Chubut y, tras la represión de un batallón de la Gendarmería, no se supo más nada de él, hasta que se lo encontró en el fondo del río. Murió ahogado, escapando de la Gendarmería. Se supo dos meses y medio después, en octubre, cuando su cuerpo fue hallado. Pero, su caso movilizó a todo el mundo, casi literalmente, incluso, a medios internacionales que día tras día daban cuenta del estupor nacional por la falta de información sobre Santiago y la posible intervención de la Gendarmería, que no fue tal, en su muerte.
En los dos hechos de alto impacto, tanto en el intento por modificar la situación previsional de los jubilados en diciembre del 2017 como en la desaparición de Santiago en el mismo año, el reclamo de respuestas institucionales fue en todos los frentes. La progresía, o lo que se identifica con el progresismo, la izquierda en su totalidad, la misma supuesta progresía protagonizada por ciertos medios, los intelectuales, pensadores populares, periodistas defensores del interés de los más necesitados sin distinción se pusieron al frente de un reclamo por el que se acusaba directamente al poder de los que todo lo pueden en contra de los más necesitados y a una suerte de terrorismo de Estado para desactivar, vía métodos represivos de las peores épocas, los reclamos de una parte del pueblo siempre perjudicada por quienes detentan por el mango la sartén de los beneficios siempre escasos.
La alimentación de la pobreza por la vía institucional, la injusticia, la inequidad, las arbitrariedades, la falta de oportunidades, la indiferencia oficial generalizada, como la mentira, la perversión, el mesianismo y la hipocresía, debiesen ser siempre condenados, gobierne quien gobierne un Estado y con cualquier partido político o ideología detrás que lo sustente. Sin embargo, eso no sucede en el país, claramente. Porque, no todos gozan de las mismas prerrogativas y del mismo nivel de tolerancia en el Gobierno frente a hechos similares. Con lo que, para algunos, para quienes tienen hoy, por caso, la oportunidad de gobernar el país, parecería que contasen con un margen de movimientos mucho más libre que otros; un accionar extraño que debería comenzar a preocuparnos desde mucho tiempo a esta parte. Porque, no se trata de un gusto político determinado. Se trata del respeto que todos nos merecemos y el derecho a conocer la verdad, siempre, de todo lo que se hace en nombre del poder que delegamos.