Es por demás interesante observar cómo se va configurando la trama de relaciones e intereses políticos en el debut de los nuevos gobiernos que operan en Argentina; muy particularmente visto todo desde Mendoza, en donde su gobernador, Rodolfo Suarez, necesitará imperiosamente negociar y acordar todo con un gobierno nacional de otro color político, mientras que, hacia dentro, el peronismo que tiene como principal oposición, con lo que tiene y puede –muy poco frente a la potencia que muestra en la nación– intenta ganar en visibilidad dando a conocer sus condiciones frente a un gobierno con el que pretende llevarse bien, o, al menos, de una manera distinta de lo que fueron aquellos cuatro años de tensión permanente con el ex gobernador Alfredo Cornejo.

Alberto Fernández, el presidente, prefirió darles a conocer a los gobernadores radicales primero y antes que a nadie lo que ya venía analizando y discutiendo con algunos de sus más cercanos. Se trata de la suspensión del último pacto fiscal que firmaron las provincias con el gobierno de Mauricio Macri a fines del 2017. Por ese acuerdo, que se denominó Consenso Fiscal, las provincias se comprometieron a reducir las alícuotas de los impuestos provinciales más distorsivos, como Ingresos Brutos y Sellos.

Mascando bronca, los gobernadores peronistas que ya eran mayoría aceptaron a regañadientes una jugada de Macri que le terminó saliendo mal; una más, se dirá. Pero el presidente de entonces estaba en una buena dirección: hacía cuentas y sostenía que, si se les bajaba la carga impositiva a las pymes y otras unidades económicas en todo el país, se animarían a invertir, y sus amigos del exterior aceptarían el convite, quizás, de establecerse en el país. Lo que terminó pasando fue todo lo contrario: ni invirtieron más los que ya estaban ni tampoco llegaron aquellos en los que Macri confiaba que serían los impulsores y protagonistas de una lluvia de inversiones.

Fernández dejará sin efecto aquel pacto por medio de la adenda que firmará hoy con todos los gobernadores. Uno de los pasos, de una decena que está dando, casi todos al mismo tiempo, que les dará a los gobernadores oxígeno para financiar el gasto, ni más ni menos. La hipótesis sigue siendo la misma que se impuso con la fuerza y la lógica del resultado electoral y por ello se encuentra absolutamente legitimada: el dinero que se recaude producto del impuestazo generalizado irá a los bolsillos de personas que perdieron su poder adquisitivo durante los dolorosos y penosos años de Macri. Se trata de, más o menos, ese 40 por ciento de pobres que registra el país. Junto con una “emisión moderada” –dicen– se reunirá el dinero que necesita Fernández para la emergencia y para mover el consumo. Todo ese dinero, se cree, se destinará a la compra de alimentos y productos básicos, lo que motivará –afirman desde el Gobierno, junto con lo que se repiqueteó en la campaña– el consumo, la mayor demanda y, por ende, de esa manera se reactivaría la industria, el comercio y la producción nacional. Todo acompañado con el impuesto a las compras al exterior de 30 por ciento, un hecho que alentaría a comprar en el mercado interno más que afuera. Se verá.

¿Qué pasó en realidad con el pacto fiscal de los tiempos de Macri? Sin dudas, lo que Macri no quería que pasara: muchas provincias no bajaron los impuestos, aunque tampoco los subieron. Mendoza, que ya venía en un proceso de reducción leve en las alícuotas de esos impuestos, siguió con esa tendencia en el 2018 y en el 2019. Ayer, Suarez le respondió al presidente que acepta firmar una modificación a ese acuerdo, pero le confirmó que no moverá las alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos hacia arriba. Es decir que seguirán para el año próximo como en el 2019. La diferencia con lo que podrán hacer otras provincias es que, muy probablemente, aumenten las alícuotas con el aval de la Nación.

La negociación entre Suarez y Fernández se completa con el aval de los gobernadores radicales, en apariencia, para que el miércoles los diputados se sienten en sus bancas y den el quórum que necesita el oficialismo para habilitar el tratamiento del paquete de leyes de la solidaridad o el de la triple emergencia, como ya se lo conoce. Ese proyecto tiene implícito el pedido de facultades extraordinarias para que Fernández pueda mover partidas y tomar decisiones que, indefectiblemente, debe aprobar el Parlamento.

Y Fernández, por su lado, apoyaría el planteo de Suarez para que la Nación ayude a Mendoza a desarrollar la minería a gran escala, junto con el compromiso de YPF, que conducirá Guillermo Nielsen, de aumentar las inversiones en la lengua norte de Vaca Muerta para explotar el recurso petrolero en el sur.

Hay que entender que todo ese tipo de negociaciones y acuerdos que comienzan a alcanzar Suarez y Fernández en la Nación tendrán su efecto obviamente en la relación entre peronismo y oficialismo en la provincia. El peronismo pone reparos a la modificación de la 7.722 (la Ley Antiminera), pero se entiende que va en la dirección de apoyo que pide Suarez.

Y lo propio puede que ocurra con la discusión en torno al estado de las finanzas y la deuda que se mezcla con intenciones de trabar la aprobación del presupuesto del año próximo. Por eso es tan interesante el escenario y, por eso, más que nunca, es la política la que tiene la palabra.