Hay términos que ayudan a la construcción de la imagen de un Estado presente y riguroso en medio de la pandemia. Protocolos, controles, vigilancias, centinelas. Son palabras que generan la sensación de que hay alguien dentro de la construcción del poder que está atento a todo lo que ocurre; de una estructura preparada y capacitada para actuar en casos de emergencia; a la que nada se le escapa. Un sistema panóptico en el que se puede confiar, por un lado, y temer, por el otro.

Las dudas que surgen son lógicas. Básicamente, la pregunta es si el país y la provincia están en condiciones de armar una red de contención lo suficientemente seria y coordinada para cumplir con esa tarea. Se trata de saber si las diferentes áreas de un gobierno tienen la capacidad intelectual y estratégica de trabajar juntas, manejar datos, intercambiarlos, visualizarlos y tomar decisiones interdisciplinarias. Si antes nunca se hizo o se hizo mal, qué cambió en estos casi cincuenta días de aislamiento social, preventivo y cada vez menos obligatorio.

De lo más frívolo a lo más grave, el nivel de incertidumbre crece con los ejemplos que se van conociendo. Son casos testigo que, en principio, pueden parecer insustanciales, hasta que una situación se desborda.

Un ingeniero llegó a Mendoza para trabajar en una obra. No hizo la cuarentena obligada para todos los que llegan a la provincia y sale a diario del departamento que alquiló. Lo denuncian, va la policía, lo controla, pero no más que eso. El hombre no estaba cuando los efectivos volvieron. Se había ido, del mismo modo en que lo venía haciendo, según los vecinos. Todo queda en la nebulosa. Y quienes habían tomado la decisión de denunciarlo, comprenden que están solos, sin que nadie vele por su salud y por su seguridad.

Hay cierta responsabilidad por parte de quien violó las normas, es cierto. O irresponsabilidad. Como sea, para eso están los poderes del Estado, para cumplir con su rol de represor ante quienes rompen las reglas legales. Reprimir es sinónimo de contener, de frenar. Si se le saca la connotación ideológica, lógica e histórica, es un verbo de uso cotidiano.

Pero, va más allá del caso del ingeniero. Puede ser el de un vecino que crea que tiene derecho a pasear más allá de los límites puestos, o el de quienes salen a correr por las calles de Chacras, se sacan selfies y las mandan a sus grupos, desafiando la prohibición de la actividad. O el de los que este jueves andaban en rollers por las calles de Guaymallén.

¿Algunos de esos casos puede dejar de ser una travesura para convertirse en un foco de contagio? Nadie lo sabe. Y ahí está el problema.

No puede haber un policía en cada esquina, pero sí debe existir capacidad de reacción frente a este tipo de denuncias. No para mostrar mano dura sino para aquellos que sí cumplen, no se sientan estúpidos en un país dominado por vivillos, donde la corrupción se ejerce a gran y a pequeña escala. Se rompe el contrato social y se convierte en un sálvese quien pueda.

Sin embargo, hay casos que sí deben controlarse desde el principio. A saber: aquellas personas que han estado en contacto –estrecho, tal como les gusta decir a los epidemiólogos– con personas que dieron COVID-19 positivo. Si el rango de contagio de la enfermedad es alto, lo normal es establecer un sistema de monitoreo severo sobre los nuevos potenciales infectados, al menos, durante el lapso de días en que pudieran mostrar síntomas, y con hisopado incorporado.

“Estaban bajo vigilancia epidemiológica. Son contactos estrechos de pacientes de COVID”, avisaron desde el Ministerio de Salud de Mendoza sobre dos de los cuatro últimos positivos. De los otros dos –los hombres de Tunuyán– no se sabe ni cómo ni cuándo se contagiaron. Y eso, además de un tsunami de hipótesis, desató preocupación en toda la provincia.

Pero vale focalizarse en los dos primeros. Dos mujeres, de 19 y 58 años. Cada una muy cercana a dos pacientes que ya habían sido diagnosticados. Se repite el término vigilancia. Hasta que una pregunta puso en duda todo ese relato y la sensación de protección: “¿Se las controlaba las 24 horas para que no salieran de sus casas o pudieron haberse mandado alguna?”. La respuesta no fue la esperada: “Y… esperemos que no”.