El Gobierno nacional oficializó cambios profundos en el procedimiento para nombrar magistrados de la Corte Suprema, así como jueces federales, fiscales y defensores públicos.
A través de un nuevo decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, la administración busca terminar con la demora en la cobertura de vacantes judiciales, una situación que, según argumenta el texto oficial, afecta el funcionamiento normal de los tribunales y los tiempos de tramitación de los procesos judiciales en perjuicio de los justiciables.
La medida se centra en eliminar trámites burocráticos y pasos administrativos que fueron catalogados como innecesarios al existir ya mecanismos de control y publicidad en la etapa parlamentaria.
Eliminación de trabas burocráticas y nuevos plazos
La normativa elimina instancias previas a la propuesta del Poder Ejecutivo que, en la práctica, replicaban etapas que ya se desarrollan durante el tratamiento del acuerdo en el Senado de la Nación.
El Gobierno sostiene que el control de idoneidad, la transparencia y la participación ciudadana están plenamente garantizados por el Senado, tal como lo establece el reglamento de la Cámara alta y la Constitución Nacional.
Al suprimir estas duplicaciones, el Poder Ejecutivo busca restaurar el dinamismo del procedimiento constitucional de nominación, manteniendo al mismo tiempo la exigencia de informes patrimoniales y de cumplimiento impositivo, los cuales ahora deberán ser remitidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en plazos perentorios de cinco días.
Con la nueva estructura, el Ministerio de Justicia actuará como autoridad de aplicación del proceso.
Tras la publicación de las candidaturas y la presentación de las declaraciones juradas correspondientes —que deben incluir información sobre sociedades, estudios jurídicos y clientes de los últimos ocho años para detectar posibles conflictos de intereses—, el Ministerio elevará las actuaciones directamente al Poder Ejecutivo para que este decida sobre la propuesta formal ante el Senado.
Asimismo, el decreto moderniza la forma de dar publicidad a las nominaciones, dejando atrás la obligatoriedad de publicar en diarios de circulación nacional y centralizando la información en el Boletín Oficial y el sitio web oficial del Ministerio, adaptándose así a las dinámicas de comunicación actuales.