Pocas veces como en esta oportunidad, en un momento dominado por la angustia e incertidumbre generalizada que ha sido provocada por la pandemia del coronavirus, se ha esperado con curiosidad, más que con expectativas, el discurso de un gobernador ante la Asamblea Legislativa que está previsto para mañana. Curiosidad, más que expectativas de índole política, económica, financiera y social, para ser más claros, como se acostumbra, porque la curiosidad, ahora, viene acompañada de un estado de estupefacción social.

El dilema de cada uno pasa por una pregunta o varias: ¿qué más hacer para salir de una situación agobiante por donde se la mire? Una situación de miedo a la enfermedad, claro, pero de extrema incertidumbre sobre el futuro cercano por la economía personal y familiar. ¿Quiénes y cómo se mantendrán en pie cuando todo haya terminado?

Junto con todo eso y aquello. ¿Cuándo termina el suplicio? Nadie produce, nadie vende, nadie compra; quien tiene un salario teme perderlo; el que lo perdió se pregunta si lo recuperará, pero, además, atribulado, está obligado a encontrar una salida –que no halla por otra parte– para llegar con aire al día siguiente. El Estado no recauda y se terminan los ahorros, en caso de que se los tenga. Aquella lógica de sentido común con la que se encaró el problema hacia fines de marzo, por la que se priorizó la salud por sobre la marcha de la economía, como si fuesen excluyentes, la realidad ha terminado por demostrar que podrían haberse acompañado para que la tragedia fuese menor o un poco más llevadera.

Una reunión de toda la corporación empresarial, con todas las entidades económicas representadas allí, ha revelado que la mitad de las empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, han alcanzado, de hecho, acuerdos para disminuir los salarios de sus trabajadores, y las tres partes (empresa, trabajadores y Estado) han debido compartir los costos de los sueldos previstos para abril que se deberían pagar en los próximos días. Tales acuerdos no están homologados en muchos casos. La fuerza de la realidad, la de los hechos, los ha impuesto.

El martes en la noche, el comercio mendocino alcanzaba con el CEC, el gremio que representa a los trabajadores, un acuerdo de pago de salarios para seguir adelante. Se tomaba como marco o modelo el pacto alcanzado entre la CGT y la Unión Industrial Argentina, la UIA. Aquellos trabajadores hoy suspendidos o que están en sus casas sin trabajar porque el negocio está cerrado, cobrarán abril con el 25 por ciento menos del sueldo. Algunas de las pymes, posiblemente en un número mayoritario, no ha alcanzado la ayuda del Estado nacional para hacerle frente al costo del salario. Las razones son varias: porque los créditos al 24 por ciento que la banca local tenía a disposición ya se agotaron y los que están vigentes tienen una tasa del 27 por ciento, o porque en definitiva no lograron calificar y pasar las exigentes condiciones del sistema financiero.

Los acuerdos con los trabajadores se van alcanzando por sectores, por grupos de empresas, y también entre el patrón y los trabajadores. Y, en términos generales, las empresas nucleadas en la UIM, en el CEM, en la FEM, en AEM, en ACDE y en las diferentes cámaras de producción departamentales, están buscando con la CGT provincial la conformación de una mesa de diálogo que se va dilatando con el tiempo por las diferencias que ambos sectores no pueden limar. Lo que ocurre abajo, en la micropyme, de hecho y hasta por algún grado de sentido común para mantener en pie la unidad de producción, no se refleja arriba, en el nivel de la relación entre las corporaciones. La CGT en concreto no acepta discutir la posibilidad de un salario de emergencia, mínimo y máximo para los trabajadores como proponen desde las empresas. Los voceros del sector empresario juran que el salario no tendría características universales, sino que sólo estaría dirigido a quienes están suspendidos o sin trabajar, sin funciones, en sus domicilios. Los dirigentes gremiales sospechan que, de aceptar algo así, permitirán la apertura de la puerta para que lo que se acuerde se extienda a todo el conjunto, estén trabajando o no.

Los conflictos en medio de la necesidad son variados y de toda especie. Por caso, todo el comercio acompañado por las cámaras se está quejando de que el sector supermercadista, el único en pie junto con el de los alimentos, se está quedando con parte del negocio específico que ellos representan. Por ejemplo, se refieren al de la indumentaria y al de los electrodomésticos. Han realizado las denuncias, dicen, a los organismos oficiales. Pero nadie les ha respondido, aseguran. Las quejas continúan, aunque desde la dirigencia empresarial sostienen que no se trata de posturas políticas de derechas o de izquierdas, de ideologías, sino de descripciones de hechos, puntualizan.

Y así, en ese tono, denuncian, por caso, que a las empresas del sector salud, la OSEP no les reconoce ningún pago; que las empresas de servicios petroleros han perdido sus contratos por la caída de la actividad en las áreas hidrocarburíferas y que sólo entre 17 y 20 por ciento, de todas aquellas que pidieron auxilio financiero a la Nación y que tuvieron que acudir a los bancos por los préstamos para el pago de salarios, recibieron una respuesta favorable.