El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, se defendió ante el pedido de juicio político realizado por el bloque del Frente de Todos. Las acusaciones son completamente infundadas”, respondió el ministro y sostuvo que “no he incumplido deber funcional alguno”.

El juez recalcó en su escrito que “hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza. Así, por ejemplo, me han imputado ante el Juzgado Federal 4 tener nada menos que 71 cuentas en el exterior, todas a mi nombre, para cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales. La imputación no solo es falsa, tal como lo manifesté en una presentación que hice en marzo de este año en dicho tribunal, sino completamente disparatada”.

La defensa de Rosenkrantz surge luego de que una diputada del FdT, Vanesa Siley, presentó un pedido de juicio político por la actuación del juez en varias causas de delito de lesa humanidad, entre ellas, el caso Muiña, referido al represor Luis Muiña en 2017, a quien se le otorgó el beneficio del 2×1.  

En su alegato, el presidente de la Corte -que acaba de aceptar el per saltum de los tres jueces que investigan a Cristina Fernández de Kirchner en distintas causas por corrupción- remarcó sus sospechas sobre el trasfondo político de este pedido hecho por el oficialismo.

“Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de ‘Muiña’, que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces. También es llamativo que se me acuse por no ceder frente a las protestas en las calles. En cualquier caso, lo cierto es que, contrariamente a lo que afirma la diputada denunciante, los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el ‘2×1’ (tanto en ‘Muiña’ como en ‘Batalla’) encuentran su apoyo en la Constitución Argentina, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos. Los argumentos están en los fallos y no quiero repetirlos aquí. Solo quiero insistir en que, en general, expresan mi convicción profunda de que la Constitución consagra garantías penales en favor de los acusados, incluyendo a aquellos que perpretaron los crímenes más horrendos en la historia de nuestro país”, respondió Rosenkrantz.

Por otra parte, Rosenkrantz se despegó de cualquier conflicto de interés, incluso la diputada Valey lo vincula con el empresario tucumano Pedro Blaquier -en la causa Ledesma-, acusado de delitos de lesa humanidad. 

“Desde que fui designado juez, me excusé en todas las causas en las que se configuraban las causales de excusación obligatoria. Respecto de la excusación voluntaria, adopté como criterio excusarme o abstenerme de participar cuando consideré que mi participación en la causa podía generar dudas sobre mi imparcialidad en una persona razonable y, con ello, afectar la decisión que habría de adoptar la Corte”, explicó.

El ministro que preside el máximo tribunal del país concluyó: “En suma, las acusaciones son infundadas. Quiero subrayar, finalmente, que en su denuncia la legisladora evocó una cita de doctrina que afirma que ‘es un procedimiento político, con propósitos políticos, que está fundado en causas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político y subordinado a un juzgamiento político’. Según lo veo, la legisladora incurre en una equivocación fundamental: una cosa es el juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos, sectoriales o de otro tipo. No he incumplido deber funcional alguno”.