Una resolución de hace casi un año vuelve a poner en una escena controversial al juez Marcos Pereira. El magistrado, en julio del año pasado, le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria de tres hermanos acusados de abusar sexualmente del hijo de uno de ellos porque, entendió, no había riesgo de fuga ni entorpecimiento de la instrucción.

El domingo por la noche, vecinos tomaron conocimiento del caso –fue publicado por este diario el año pasado– y salieron a denunciar, escrachar y a cortar calles que cruzan al carril Sarmiento, frente a los barrios Covimet y Metalúrgico, porque aseguraban que sus vecinos señalados de pedófilos no cumplen con la normativa impuesta.

Básicamente, contaron que los presuntos abusadores viven con total normalidad: salen de sus casas, hacen las compras en los negocios de la zona y nadie los controla.

Y hasta apuntaron directamente por el accionar judicial, claramente contra el juez que les otorgó el beneficio para dejar la prisión.

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Pereira es un juez que lleva muchos años en los Tribunales y es de poca exposición. Rara vez se lo ve por los pasillos del Poder Judicial. 

Pero en los últimos años algunos de sus fallos han generado cuestionamientos y malestar en fiscales, abogados y también jueces de alzada.

En el 2016, por ejemplo, fue separado de una causa en que se investigaban a los “angelitos de la Yaqui” –soldaditos que respondían a la jefa narco condenada Sandra Jaquelina Vargas– porque consideraron que sus resoluciones en ese expedientes eran parciales; es decir, que sus argumentos jugaban a favor de los jóvenes delincuentes.

Por aquellos días, antes de la última reforma judicial penal, era titular del Quinto Juzgado de Garantías. Y en la fiscalía de Godoy Cruz se instruían las causas más complejas contra la organización narco del oeste departamental.

El otrora fiscal departamental Juan Carlos Alessandra (hoy en Robos y Hurtos), se topó en varias ocasiones con las resoluciones de Pereira y el normal avance de la investigación se demoró más de la cuenta.

En uno de sus fallos declaró la nulidad del pedido de prisión preventiva contra uno de los señalados “angelitos”, Patricio Emiliano Garrido, y esto generó que la por entonces Cámara de Apelaciones del Crimen lo apartara del proceso porque “se involucró abiertamente en la investigación de la causa, en contrariedad manifiesta del principio de imparcialidad”.

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Básicamente, el tribunal de instancia superior le dijo al magistrado que no debía resolver sobre la calificación de contra el detenido porque eso era atribución del Ministerio Público.

Pereira debía limitarse analizar el pedido de preventiva sin explicarle al fiscal cuál era la figura penal que correspondía contra el sospechoso, pero no lo hizo.

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Esta no era la primera vez que Pereira era cuestionado por la fiscalía en causas vinculadas directa o indirectamente a la Yaqui Vargas.

Previamente había liberado al hombre que había sido detenido e imputado por el crimen del marido de la narco, Cristian Gelvez.

Javier el “Carnicero” Quirino terminó en la calle y tuvo que ordenarse su detención otra vez. Este sujeto finalmente reconoció meses después que había matado a Gelvez y lo condenaron a 13 años y 8 meses de cárcel.

También benefició a un sobrino de la Yaqui, Carlos el Junior Vargas, cuando no hizo lugar al peido de prisión preventiva por el homicidio de Andrés Arce, ocurrido en febrero del 2014. 

Arce, conocido como el “Potrillo”, fue acribillado en el barrio Sarmiento en venganza por el asesinato de Gelvez.

Pero nada tenía que ver con ese hecho: los malvivientes, se creen de la banda de la Yaqui, se confundieron de blanco cuando el autor había sido Quirino.

Otra de las resoluciones que tuvo como protagonista absoluto a Pereira también es del año pasado. Esta vez el “beneficiado” fue Diego Vildoza el presunto asaltante, homicida y señalado malviviente con contactos policiales que se encuentra tras las rejas por el asesinato del carpintero Juan Carlo Moya, perpetrado en noviembre del 2017 en su casa de calle Gutenberg de Guaymallén.

Esta vez, el fiscal que tuvo que “padecer” a Pereira fue Gustavo Pirrello, de Homicidios. Vildoza había sido detenido como uno de los sospechosos de participar en el crimen durante un asalto del trabajador, pero el citado juez decidió otorgarle la libertad cuando valoró los argumentos del imputado durante una audiencia de preventiva.

Vildoza dijo que se encontraba en el cumpleaños de su hijo a la hora del día que se produjo el hecho y Pereira le creyó y lo dejó libre.

A los pocos meses, Pirrello tuvo que ordenar nuevamente la detención del Pelado, como lo conocen al sospechoso.

Las pruebas terminaron confirmando la hipótesis del Ministerio Público pero cuando un par de policías de Homicidios lo fueron a buscar, ya no lo encontraron.

Además de las quejas contra Pereira, la búsqueda Vildoza generó uno de los casos de corrupción policial más graves de los últimos años: uno de los efectivos de Homicidios fue acusado de pactar con Vildoza para que continúe en la clandestinidad a cambio de una moto.

Finalmente, después de las quejas, los cuestionamientos y el gasto en recurso humano, el Pelado finalmente volvió a ser capturado en Maipú.

Así las cosas, ante un nuevo reclamo social –por un caso de abuso sexual–, Pereira volvió a estar en el centro de la polémica porque, de acuerdo con fuentes de la fiscalía, las pruebas contra los sospechosos son contundentes.