Si bien las autoridades mendocinas aseguran que no existen usurpaciones en la provincia, ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que propone quitar beneficios sociales a aquellas personas que realicen ocupaciones ilegales de terrenos.

El diputado Jorge Difonso (Frente Renovador) presentó un proyecto de ley para castigar a los usurpadores, más allá de las sanciones previstas en el Código Penal. La iniciativa estipula que los ocupantes ilegales “no podrán ser beneficiarios de planes sociales otorgados por el Gobierno de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta todas las modalidades de subsidios monetarios, alimenticios o de cualquier otra índole y concepto”. Además, el proyecto estipula que los usurpadores tampoco podrán recibir beneficios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

En medio de la ola de usurpaciones de Buenos Aires y otros puntos del país, Difonso señaló que en Mendoza “no estamos exentos de tomas de terrenos”.

#AHORA Queremos evitar la usurpación de terrenos estatales o privados. Por eso proponemos un proyecto de ley para que que quienes lo hagan, sean penalizados con la restricción de acceder a beneficios del #Estado o los pierdan. pic.twitter.com/o9Fbwv3psG

— jorge difonso (@JorgeDifonso) September 6, 2020

“Hay que frenar este avance. Entendemos que se debe priorizar a las personas y cooperativas que hacen los trámites correspondientes para acceder a un terreno”, explicó el exintendente de San Carlos.

“En los casos de personas sancionadas, el Gobierno de Mendoza deberá informar y notificar al Poder Ejecutivo Nacional tal sanción, para solicitarle de igual manera el cese de cualquier beneficio social que pudiera tener las personas sancionadas en nuestra provincia”, añade la iniciativa.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, si bien admiten que la situación momentáneamente es “tranquila”, reconocen que están alertas ante cualquier brote que pueda ocurrir. De hecho, el fin de semana hubo un intento de ocupación de diez familias en un barrio de Luján de Cuyo.

“En Mendoza no se ve una tendencia a la usurpación pero estamos atentos a lo que pueda ocurrir”, indicó una fuente de la cartera de Seguridad.

El “rol central de la Justicia” frente a la ocupación de tierras

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, destacó este lunes el “rol central” de la Justicia en las tomas ilegales de tierras, ya que es la que determina “el desalojo o la custodia” de esos territorios.

“El rol de la justicia es central, es en la que en los últimos meses ha resuelto en la inmensa mayoría de los casos”, dijo Frederic. Agregó que en estas resoluciones judiciales, hasta el momento se determinó “la custodia” de estas tierras y “en ningún caso el desalojo”.

Frederic dejó claro no obstante que estas tomas son “ilegales”, pero también que los usurpadores “no son considerados delincuentes” debido a que se reconoce “el enorme déficit habitacional que existe de unas 4 millones de personas”.

Al ser consultada, sobre la posibilidad de que haya personas involucradas que lucran con la cesión de estos terrenos a familias, la funcionaria señaló que, “cuando aparezca esa información, es necesario que se realicen las denuncias judiciales” correspondientes, porque por esa vía se “habilita la investigación de los hechos y se determina veracidad jurídica” de las denuncias.